El PP presiona al Botánico y propone limitar por ley a 89 los altos cargos del Consell

El grupo popular de Les Corts ha presentado una proposición de ley en Les Corts en la que solicita una modificación de la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2019 que limite el número de asesores y altos cargos de que dispone el Gobierno valenciano. La propuesta de los populares defiende que el número de personas que ocupen las máximas responsabilidades en la administración autonómica -se incluye presidente, vicepresidentes, consellers, secretarios autonómicos, subsecretarios y directores generales- no supere la cifra de 89. Y que los asesores se mantengan, como hasta la fecha, con un límite de 74. Ambas limitaciones se mantendrán -se propone- mientras la Comunitat incumpla los objetivos de déficit.

La iniciativa de los populares es la respuesta al aumento de consellerias, altos cargos y asesores impulsado por el tripartido del Botánico. Junto al crecimiento del número de áreas del Gobierno valenciano, que han pasado de 10 a 12, así como el de asesores, se ha producido también un significativo aumento de altos cargos, aún no cerrado, pero que amenaza con superar las 130 personas.

Las cifras del aumento de personal, que obviamente vendrán aparejadas de un aumento en el gasto del capítulo I del presupuesto, contrastan con la austeridad del primer Gobierno del Botánico. A su llegada al Consell en 2015, tanto Ximo Puig como Mónica Oltra pusieron el acento en la necesidad de contener el gasto público en general, y el vinculado a los altos cargos en particular.

En esta segunda legislatura, sin embargo, el criterio del tripartito que forman PSPV, Compromís y Unidas Podemos ha sido el de dar por finalizada la austeridad en el gasto público, con un significativo aumento de cargos de confianza así como con el anuncio de una decena de nuevas oficinas y agencias dependientes de la administración autonómica.

El criterio del Consell choca con la realidad financiera de la Comunitat Valenciana. Y a esa circunstancia es a la que hace referencia el PP en su propuesta. Máxime después del aviso remitido por el propio ministerio de Hacienda a la administración autonómica como consecuencia de discrepancias respecto al gasto farmacéutico, y que llevó al departamento que dirige María Jesús Montero a amenazar incluso con limitar el acceso al FLA de la Comunitat.

La iniciativa de los populares recuerda que todas las Administraciones Públicas «adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria», y que, tal y como establece el ordenamiento jurídico, la actuación de la Administración de la Generalitat «debe estar sujeta al principio de sostenibilidad financiera, definida por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial».

Los populares recuerdan que la situación económico–financiera de la Generalitat, puesta de manifiesto a través la cuenta general, «denota la dependencia financiera total del Consell con respecto al Estado, la incapacidad de la Generalitat para reducir la deuda a corto y largo plazo y el incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit público –el dato del mes de abril ya multiplica por tres el límite fijado para todo el año–».

Todo ello unido a las discrepancias puestas de manifiesto reiteradamente por el Gobierno de España debidas a la falta de credibilidad de las previsiones de ingresos y una relajación en la política de contención del gasto, «hacen más necesario que nunca la implementación de políticas dirigidas a la consecución de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».