PP, Cs y Vox presionan para que el Ayuntamiento se persone en la causa del mapa escolar

Los 16 concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia (PP, CS y Vox) respaldan una petición de que los servicios jurídicos del Consistorio expliquen si resulta conveniente la personación judicial en la causa en la que se investiga el desvío de fondos municipales destinados al mapa escolar a otros intereses diferentes al convenio que en su día firmó la edil de Educación, María Oliver, hoy asesora del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau.

El conseller evitó recientemente respaldar a su persona de confianza y está a la espera del desenlace del procedimiento judicial. Al margen de la solicitud de este «análisis» sobre la «oportunidad» de ejercer las acciones penales por el citado convenio, asunto en el que también está investigado el profesor de Sociología José Manuel Rodríguez, la oposición pretende forzar la apertura de un procedimiento de reintegro. Es decir, que el dinero que el docente invirtió en la compra de una mesa, cámaras de vídeo, Ipad y un ordenador, entre otros aparatos tecnológicos, sea reclamado formalmente por el Consistorio. Todo este material ya forma parte del inventario de la Universitat de València, según explicó recientemente un portavoz de la institución académica.

Los partidos de la oposición consideran que existen informes en la causa que posibilitarían esta acción. Por ejemplo, el más reciente, es el dosier de la Intervención Municipal que resuelve que los anteriores artículos son gastos no subvencionables dentro del acuerdo firmado. Es decir, que nunca se debieron abonar con fondos públicos. Esta fue, de hecho, una de las cuestiones que el juzgado de Instrucción 19 de Valencia preguntó al Ayuntamiento. La respuesta fue negativa.

El PSPV asumió el área de Educación tras la salida de Podemos del Ayuntamiento al no obtener representación. La edil Maite Ibáñez anunció a LAS PROVINCIAS que se iba a frenar el pago de la próxima anualidad, la de 2021, al docente encargado del estudio. La de este año, algo más de 30.000 euros, ya había sido transferida.

Sin embargo, rechazó ejercer la acción penal. Tampoco ofreció más explicaciones. Este servicio, el de servicios jurídicos, depende directamente del alcalde Joan Ribó. Es más, desde los partidos de centro derecha no comprenden esta inacción cuando en otros procedimientos como el caso Azud, donde se investiga al cuñado de Rita Barberá, se evidenció un interés del propio alcalde por personarse pese a que las diligencia todavía estaban en una fase muy temprana. Incluso se desconocía si los intereses del Consistorio se habían visto perjudicados. Algo similar, con igual desenlace, ocurrió con las agresiones del 9 d´Octubre.

El extracto de la cuenta de la Universitat muestra la compra de un ordenador (392 euros) y un iPad (481 euros). También llama la atención la adquisición de dos cámaras de fotos para el desarrollo del trabajo. En total, 1274 euros. Incluso se contrató un seguro (otros 100 euros) para este dispositivo, que también se costeó con los fondos transferidos desde el Ayuntamiento. Pero el docente no comunicaba al Consistorio estas compras sino que pasaba horas de trabajo de profesores que, en realidad, eran ficticias porque estos no las cobraban.