El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, presentaron la pasada semana el anteproyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2019. Unas cuentas que ascienden a 22.096 millones de euros -un 10% más que los del año en vigor- y que, según los miembros del Consell, constituyen el empujón definitivo para el proyecto del Botànic.
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El discurso oficial exhibido en aquella presentación choca, no obstante, con la endeblez de muchas de las previsiones de ingresos recogidas en ese texto. Desde los 1.300 millones de euros ficticios, que se basan en la expectativa de una reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno central ya ha dicho que no llegará, hasta otros 1.200 millones en fondos fiados a la llegada de unos recursos rodeados de incertidumbre. Unos presupuestos expansivos para un año electoral en el que parece que toda promesa debe contar con su previsión de gasto, incluso aunque no haya dinero en caja para afrontarlo. La presentación del presupuesto constituye el momento en el que todo Gobierno dibuja sus proyectos para el nuevo curso.
Sin embargo, la manera de comprobar si esos compromisos se ejecutan tiene que ver con otro dato, el de la ejecución presupuestaria. Las cuentas para 2019 se basan en la ejecución presupuestaria correspondiente al 30 de septiembre de 2018. A esas alturas del año, lo que no se haya hecho ya, muy probablemente no se hará. No se trata de medir el dinero gastado, que también figura en los informes de ejecución del Consell, sino el que el Gobierno valenciano ya ha dicho que tiene previsto gastar. Lo que técnicamente se conoce como 'obligaciones reconocidas netas' y que bien puede traducirse por la ejecución real, y a estas alturas del año casi definitiva, de cada programa del presupuesto.
Los datos correspondientes al 30 de septiembre de 2018 revelan que una veintena de programas presupuestarios del Consell no sólo se han quedado lejos de ese 70% que equivaldría a haber cubierto ya tres cuartas partes del año. Ni siquiera del 50% que se ajustaría a un nivel de ejecución media. Se trata de veinte programas que constituyen algunas de las principales apuestas políticas del Gobierno valenciano, que no alcanzan siquiera el 33%. En otras palabras, programas cuyo presupuesto real al acabar el ejercicio -salvo empujón en los últimos meses- no alcanzará ni una tercera parte del que se anunció hace ahora justo un año, cuando se presentaron los presupuestos de la Generalitat para el actual ejercicio.
Todo un dato que pone en cuestión la veracidad de las cuentas que presenta el Consell -en esta ocasión, con foto a tres bandas (las de los líderes del Botànic)- e incluso la utilidad del debate parlamentario. «Una cosa es el proyecto que se aprueba, y otra muy distinta el que se ejecuta», admite una fuente de la conselleria de Hacienda.
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¿Y cuáles son esos 'agujeros negros' del presupuesto de la Generalitat de 2018? Los datos que aparecen en GVA Oberta y que logran porcentajes de ejecución significativamente bajos son variados. Transparencia, cooperación internacional, emprendedores, igualdad de género, uso del valenciano, cambio climático, promoción cultural, modelo económico o estructuras agrarias son algunos de esos programas estrella en los que el Consell liderado por Ximo Puig y Mónica Oltra ha venido poniendo el foco. Apuestas políticas de un Gobierno que, además de levantar lo que denominaba como «hipoteca reputacional» provocada por los casos de corrupción vinculada a la etapa del PP, quería cambiar las prioridades de la administración autonómica, y poner el acento en el nuevo modelo económico, en el conocimiento, en el cambio climático y en la transparencia.
El discurso se sostiene, pero el presupuesto lo hace añicos. La apuesta por la Transparencia que supuso poner en marcha el órgano de vigilancia de la actividad administrativa del Gobierno valenciano se sustenta en dos programas -el del Consell de Transparencia y el de Transparencia y participación ciudadana- cuyos presupuestos iniciales sumaban algo más de 4 millones de euros. A 30 de septiembre, el gasto comprometido entre ambos apenas supera el millón de euros.
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La Cooperación Internacional al Desarrollo, máxime tras el 'caso Blasco' y lo que ha revelado de abuso de los fondos públicos destinados a países en vías de desarrollo, debía ser una de las apuestas más claras de un Gobierno progresista. El presupuesto para 2018 ascendió a 22,6 millones de euros. Pero lo ejecutado a finales de septiembre era el 8,9%, es decir, sólo dos millones de euros.
Inclusión Social es uno de los programas estrella de la conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra. A la líder de Compromís se la ha venido señalando por los problemas de gestión que presentaban muchos de los programas de su competencia, vinculados a la escasa ejecución o al recurso reiterado al expediente de enriquecimiento injusto -con lo que ello supone de obviar el concurso público-. Y, sin embargo, ha conseguido niveles de ejecución aceptables en dependencia, diversidad funcional y gestión de centros de personas mayores.
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Pero en inclusión social no. De un presupuesto de 122,4 millones, las obligación reconocidas se quedan en el 31,7%, con 45,5 millones de euros.
La promoción del valenciano y el uso de la lengua constituyen otra apuesta clave de un Consell que ha hecho, precisamente de situar la enseñanza del valenciano en una situación de privilegio frente al castellano. Pero al llegar a los números, el programa de promoción y uso del valenciano, con 15,8 millones de presupuesto, se queda en una ejecución de 24,9%, es decir, un compromiso de gasto de 3,9 millones.
El cambio de modelo económico, la sustitución de la apuesta por el ladrillo -pese a que parte del aumento de los ingresos previstos en el presupuesto para 2019 se fía al incremento de la actividad en este sector- por conocimiento y la innovación. Pero el programa afectado por ese objetivo, el de modelo económico y actuación sobre el sector público, únicamente ha comprometido 1,8 de los 21,5 millones de euros presupuestados hace ahora un año. Las razones de estas escasas ejecuciones tienen que ver con motivos distintos. En este último caso, por ejemplo, el proyecto estrella del programa era la bonificación de las ayudas que prestara el Instituto Valenciano de Finanzas siempre y cuando contribuyeran al cambio del modelo productivo. 10 millones de euros contantes y sonantes que, en realidad, están prácticamente sin tocar porque esas ayudas no han triunfado.
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¿Y el cambio climático? El que fuera secretario autonómico de medio ambiente y cambio climático, Julià Álvaro, quizá se haya felicitado al comprobar el aumento de la partida para 2019 de ese programa. Pero no hará lo mismo si comprueba que de los 16,8 millones presupuestados hace un año, apenas se han ejecutado 4 -un 23,8%-.
Para el deporte, si la apuesta del Consell consistía en fomentar la actividad deportiva, en cierto modo como contrapunto a los grandes clubes, lo cierto es que de los 49,9 millones de euros presupuestados para ese programa, apenas se han comprometido 5,7. En términos absolutos, el tijeretazo más significativo se lo lleva el programa de Arquitectura, vivienda y proyectos urbanos. Su millonario presupuesto de 216,7 millones, se ve reducido en realidad a los escasos 46 millones que sí que se habían invertido a fecha de 30 de septiembre.
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