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Carlos Mazón compareció este martes en el Palau de la Generalitat para anunciar una ambiciosa estrategia destinada a poner coto en el descontrol del sector ... público de la Generalitat. Anunció el cierre de media docena de agencias fantasma, denunció el enchufismo en el sector público bajo el Gobierno del Botánico y comunicó el inicio de una auditoría general para conocer la fotografía real, iniciado ya este 2024, de las empresas, entes y organismos que dependen de la Generalitat.
La Fundación Ellis no forma parte del sector público de la Generalitat. La Agencia Antifraude considera, no obstante, que la citada entidad creada en mayo del año 2020 con el apoyo del Gobierno del Botànico para impulsar la investigación sobre inteligencia artificial en la Comunitat Valenciana, debe convertirse en una entidad pública, similar a una sociedad instrumental, para seguir recibiendo dinero de la Generalitat.
La financiación de la Fundación ELLIS Alicante fue polémica desde sus orígenes porque el dinero para su funcionamiento provenía de la Conselleria de Innovación, dirigida entonces por la socialista Carolina Pascual, y uno de los patronos fundadores era su marido, Adolfo Albadalejo, profesor de la Universidad de Alicante e ingeniero en Telecomunicaciones.
La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Nuria Montes, ya ha anunciado que pedirá a la Fundación ELLIS Alicante que se convierta en una sociedad pública para seguir recibiendo fondos del Ejecutivo valenciano, tal como ha exigido al Agencia Antifraude y Abogacía de la Generalitat. Esta conversión implicaría una mayor fiscalización de las cuentas, así como el control de la entidad por parte de la Generalitat al nombrar a los responsables en los órganos que toman las decisiones.
Pero hay más dudas. Un informe de la Sindicatura de Comptes del ejercicio 2020, precisamente el año de la creación de la Fundación ELLIS advierte de la evidente falta de control en la primera subvención pública, de 120.000 euros, que el Gobierno de Puig decidió conceder a esta entidad para su puesta en marcha. ELLIS Alicante es una de las unidades que forma parte de red de investigación de Inteligencia Artificial del mismo nombre, que cuenta con 30 centros en 14 países europeos e Israel. Está dirigida por la investigadora Nuria Oliver, quien también fue nombrada por Ximo Puig como comisionada de la Generalitat para la Inteligencia Artificial. Su objeto, según consta en su página web, es crear «un equipo de investigación de primer nivel», centrado «en la investigación ética de la Inteligencia Artificial enfocada en la relación entre las personas y los sistemas inteligentes».
Pero la Sindicatura no ve claro lo que muchos consideran como un claro ejemplo de chiringuito del Botánico. El órgano fiscalizador advierte de que «no se acreditan las razones por las cuáles no se promovió la concurrencia». Es decir, el motivo por el que se concedieron a dedo esos 120.000 euros sin abrir la posibilidad a que otras entidades optaran a esa subvención. «Los gastos de la puesta en marcha y funcionamiento de la unidad ELLIS no guardan relación directa con la urgencia que motiva la concesión directa de la subvención», se señala.
Además, el ente que dirige Vicent Cucarella reprocha que no se hubiera «comunicado a la dirección general de Fondos Europeos (...) la adecuación de la ayuda al derecho comunitario». Tampoco se aprecia concreción «de los proyectos a ejecutar, de los gastos subvencionables ni del importe máximo a financiar».
La Sindicatura ya alertaba entonces de la ausencia de un plan de control de sus subvenciones. Y eso significaba carecer de la herramienta necesaria para la «comprobación material de la efectiva realización de la actividad». El mencionado plan debería haber sido aprobado por el órgano concedente con carácter previo a su ejecución y detallar
los tipos de control a efectuar sobre la línea: administrativos, sobre el terreno, a posteriori y/o de calidad, los criterios de selección de la muestra: aleatorios, dirigidos o de riesgo, y el porcentaje mínimo de ayuda a controlar sobre el total pagado en esa línea.
En el mismo informe, la Sindicatura llamaba la atención sobre que el importe máximo de los costes a subvencionar (hasta el 100%) «depende de la naturaleza de la actividad subvencionada y su consideración o no como investigación fundamental conforme a la normativa comunitaria, sin precisar los criterios para determinar qué gastos se consideran investigación fundamental».
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