Primeras quejas de letrados del caso Imelsa por los retrasos en el juzgado

Los comentarios que hasta la fecha discurrían entre confesiones de abogados, se han transformado ya en las primeras quejas en el juzgado que instruye las numerosas piezas del caso Imelsa y la derivada de Taula, el blanqueo en el Grupo Municipal del PP. El retraso de la instrucción, o de manera más precisa, la falta de actividad en alguna de las investigaciones, se ha plasmado en negro sobre blanco. En concreto, en el caso de los zombies de Ciegsa, una de las partes ha presentado un escrito en el que lamenta precisamente esta cuestión: la inacción del órgano judicial. En este sentido relata que el juzgado lleva seis meses sin proveer y sin que, además, se esté realizando alguna actuación probatoria, una circunstancia que afecta directamente a la situación de su cliente y que considera que conculca derechos procesales y constitucionales.

Esta representación entregó un escrito el pasado mes de octubre en el que pedía que se impugnara un informe presentado por la propia Generalitat acerca del descubrimiento de nuevos zombies en la Administración y reclamaba una serie de diligencias. En diciembre, recordó la solicitud. Y ahora, ya a finales de abril, y tras ver que ese escrito ni ha llegado al resto de partes ni se tiene respuesta, insiste de nuevo.

Estos problemas no tienen por qué ser responsabilidad directa del instructor, ya que algunas de estas tareas pueden ser competencia del letrado de la administración de justicia o los funcionarios. Independientemente del responsable, los perjuicios para los investigados, al seguir con la sombra de la sospecha, persisten. Lo que se cuestiona, en realidad, es el nulo avance del procedimiento. El instructor dispone desde hace meses de un refuerzo con quien se reparte el trabajo del órgano. Tanto en la causa de los zombies de Imelsa como de Ciegsa, la instrucción está agotada, según fuentes conocedoras de la situación. Alfonso Rus aparece como factótum de la supuesta trama para colocar a empleados en empresas públicas sin una ocupación real.

De hecho, hace ya meses que la fiscalía solicitó en un escrito que se acumularan ambas causas para juzgarlas en un sólo procedimiento al entender que existe conexidad entre ambos casos. De esta petición han pasado ya otros seis meses sin que las partes hayan recibido tampoco esa notificación. En estas dos piezas se está a la espera de los autos de incoación de procedimiento abreviado que ponen fin a la instrucción.

En otras causas, como la investigación de los contratos supuestamente amañados del Ayuntamiento de Valencia, tampoco se registran novedades desde hace meses. La última petición del fiscal fue la ampliación de unas periciales sobre al menos tres obras del Consistorio bajo sospecha. Los letrados ignoran todavía qué decisión se ha adoptado.

El mayor avance de las pesquisas, sin duda, se ha producido en la pieza A, la que analiza el blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal y un delito electoral continuado desde las elecciones de 2007. Es la investigación donde, al parecer, se han concentrado buena parte de los esfuerzos en los últimos meses. Fuentes judiciales situaban el fin de la instrucción para este verano.

En las últimas semanas también se han producido avances en la investigación abierta para aclarar el cobro de comisiones a cambio de contratos amañados desde la empresa Ciegsa. Tanto Máximo Caturla como Marcos Benavent han declarado en los últimos días en sede judicial.