Procesan a un exdiputado del PSPV por los zombies de Imelsa

Más problemas para el PSPV; nuevas noticias negativas desde los tribunales. En un momento, además, en el que el partido socialista está en el foco de Anticorrupción y la titular del juzgado de Instrucción 13 de Valencia por la réplica de la operación Azud. La jueza sustituta de Instrucción 18 de Valencia acaba de dictar una resolución para completar el auto de procesamiento en el caso de los zombies de Imelsa. Pretende, de esta forma, subsanar el error de dejar en el limbo, sin pronunciamiento claro, la situación de Raúl Pardos, exdiputado provincial y actual asesor del grupo socialista.

El controvertido asunto de los asesores en Imelsa afecta, en realidad, a todos los partidos que se beneficiaban de una práctica cuanto menos sospechosa. En este caso, la implicación de Pardos fue que en los ejercicios de 2014 y 2015 firmó un documento en el que reconocía que Francisco Javier Cañizares, presunto zombie, ejercía labores en Imelsa. Se da la circunstancia de que el auto recoge que este asesor se encargaba de auxiliar al diputado Toni Gaspar, actual presidente de la Diputación de Valencia. Sin embargo, Gaspar salió de Divalterra a principios de 2012 y el asesor siguió allí al servicio supuestamente de Pardos. La imputación de este diputado se produce por los delitos de falsedad y malversación ya que el propio asesor admitió durante la instrucción que él trabajaba, en realidad, para el PSPV.

Sin embargo, era Imelsa, una empresa pública, la que corría con su sueldo. Se trata, en definitiva, de una operativa que con cierta asiduidad han ejecutado los partidos con responsabilidades de Gobierno con el objetivo de aliviar las maltrechas cuentas de las organizaciones políticas.

La causa de los zombies ha salpicado a más dirigentes socialistas. En concreto, el más relevante es Rafa Rubio, procesado ya en esta pieza por la contratación de dos personas a su servicio. El exdirigente socialista cumplió ayer su primera noche en prisión después de que la jueza decidiera su ingreso tras valorar los indicios en su contra y la posibilidad de destrucción de pruebas en Azud.

En el recorrido judicial de esta causa existe un punto de inflexión. La sentencia del TSJ que por primera vez condenó esta práctica, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS el pasado verano. Lo hizo, en concreto, con el caso de Emilio Máñez y Francisco Huguet, dirigentes del PP salpicados con la operación que arruinó la carrera política de Serafín Castellano, entonces también delegado del Gobierno.

El primero fue contratado como brigadista forestal por Imelsa -hoy Divalterra- pero, en realidad, trabajaba de asesor para el segundo, diputado provincial. Esta fórmula -considerada delictiva por el TSJ- fue una forma de esquivar las restricciones al número de asesores que se habían establecido en la Diputación. El alto tribunal impuso dos años y medio de cárcel a los procesados y la devolución de 74.000 euros a Imelsa.