El año fatídico, el de la pandemia. El año en el que las administraciones públicas han tenido que hacer un esfuerzo extra para hacer frente a la crisis sanitaria, pero también a la social y económica. El ejercicio en el que los presupuestos públicos se han hecho más imprescindibles, con líneas de ayudas para empresas y autónomos, con fondos extra facilitados a las CCAA por el Gobierno central. Con Bruselas anunciando fondos multimillonarios para evitar el colapso de la economía.
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Pues este año ha sido el de dejar los programas del presupuesto por ejecutar. Hasta medio centenar de las principales líneas de las cuentas valencianas se han quedado a un nivel de pago por debajo del 50% al acabar el ejercicio. Son los datos que facilita la Intervención de la Generalitat y que aparecen publicados en la web de la conselleria de Hacienda. Hablar de pagos no realizados no sólo retrata la angustia financiera que atraviesan las cuentas del Botánico. Representa también problemas para los proveedores que prestan sus servicios a la administración autonómica, y que ven cómo no se les contrata o, en el peor de los casos, se les contrata y se les paga tarde.
Hay áreas que resultan comunes a ese medio centenar de programas presupuestarios. La transparencia, la brecha digital, la cooperación internacional al desarrollo, la promoción del valenciano... teóricas prioridades del Consell que preside Ximo Puig y que, sin embargo, no reciben a la hora de ejecutarse la implicación que se espera. La política industrial, base de una eventual cambio del modelo productivo, tenía un presupuesto de 146 millones de euros. Acabado el año, el departamento que dirige Rafael Climent sólo ha pagado 5,1 millones.
El cambio climático es otros de los principios rectores de la gestión del Botánico. Una bandera con la que se pone en valor la concienciación social frente a esa realidad y se invierte en las medidas dirigidas a frenarla. ¿Se invierte? Igual la expresión es un exceso. De los 19 millones de la partida de cambio climático y calidad ambiental, se han pagado 6,3 millones, un 33%. Hay otra línea, denominada exclusivamente 'cambio climático'. Se presupuestó en 5,7 millones, pero sólo se han pagado 496.000 euros. ¿Quizá la de transición ecológica? Pues no, porque ni se le puso mucho presupuesto, poco más de 800.000 euros, y sólo se han pagado 124.000. Cifras que ponen en duda el perfil pretendidamente ecologista que se atribuye a un Gobierno que se autodenomina Botánico.
Hasta cuatro programas no superan el 10% de pagos. Es decir, que apenas se ha abonado uno de cada 10 euros comprometidos con cada una de esas líneas. Junto al drama de la política industrial, la coordinación de la acción del Gobierno (un 5%), la discutible apuesta por la sociedad digital -un 7,4%-, la representación institucional y las relaciones con las CCAA, que se quedan en un 8,3%, y la Calidad democrática -no llega al 10%- ocupan la cola de ese medio centenar de proyectos. Los más voluminosos, el de Universidades, más de 900 millones y pagado al 43%, el Servef -224 millones pagados al 28%-, el de planificación y transporte, con 186 millones y sólo pagados 82, o los de Vivienda y Regeneración Urbana, así como el de Calidad y Rehabilitación, al 32 y 17%.
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Vivienda, Transparencia, Economía, Innovación, Agricultura... las consellerias con niveles de ejecución bajos suelen ser siempre las mismas. La que dirige el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, presenta unos niveles anormalmente bajos de ejecución, según los datos provisionales del cierre del ejercicio. Según la información que facilita la Intervención de la Generalitat, el presupuesto de este departamento que se aprobó para este año ascendía a 187,9 millones de euros. Una cantidad que se incrementó hasta los 316 millones de euros gracias a las modificaciones presupuestarias. Hasta aquí la apuesta del Consell por la vivienda. A partir de aquí, los datos de ejecución dicen que el gasto comprometido se ha quedado en 219 millones -ya se deja 95,7 millones por el camino-. Si el departamento de Martínez Dalmau ya anticipa que no ejecutará en ningún caso esos casi 100 millones, la ampliación del presupuesto hasta los 316 resulta puro maquillaje. Aún hay más. Las obligaciones reconocidas netas (ORN), el dinero sobre el que existe ya una obligación de pago, se sitúa en 123,4 millones de euros, es decir, otros casi 100 millones menos respecto del gasto comprometido.
Y de esos 123 millones, los pagos efectuados al acabar el año llegan a 89 millones de euros. Es decir, se ha pagado el 72 de las ORN y un paupérrimo 28% respecto al presupuesto inicial.
Ese 28% es mejor que el de 27% de Transparencia e idéntico al 28% de Economía, pero ninguno de esos dos departamentos presenta un nivel de ORN tan bajo como Vivienda.
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