¿Cómo va a proponer la Comunitat mejorar la financiación?

La propuesta de población ajustada del ministerio de Hacienda constituye uno de los pilares sobre los que se construirá el nuevo sistema de financiación autonómica (SFA). El primer documento remitido por el departamento que dirige María Jesús Montero no despeja las dudas respecto a si la Comunitat Valenciana, maltratada no solo por el modelo aprobado en 2009 y aún en vigor, si no también por el que vio la luz en 2002, mejorará su situación relativa respecto al resto de autonomías. Parece claro que recibirá más fondos, pero está por ver que vaya a reducir su diferencia con la media.

Fedea, la entidad que dirige el profesor Ángel de la Fuente, ya ha advertido de esta circunstancia. Y ha tenido que ser la propia ministra la que recordara que la suya es solo una primera propuesta, que ahora son las CCAA las que tienen que hacer sus aportaciones y que, en definitiva, el proceso no ha hecho más que empezar.

El Gobierno valenciano ha decidido dejar en manos de sus expertos cuál debe de ser su posición en relación con esta propuesta. En 2017 la Comunitat ya formuló una propuesta de reforma que contó con un amplio reconocimiento. De lo que se trata ahora es de coger el documento del Gobierno, el que fija las variables para ajustar la población a la financiación que deben recibir cada autonomía, sea por insularidad, por densidad de población o por envejecimiento, entre otras, e introducir las modificaciones necesarias.

Pero los expertos valencianos, según las fuentes consultadas por este diario, se decantan menos por los retoques en ese documento y más por el envoltorio del sistema. La financiación, como ocurre en el sistema actual, cuenta con unas variables en su población ajustada. Pero al resultado que ofrece la aplicación de esa fórmula se le suman los fondos de garantía y de suficiencia, que son los que acaban determinando el resultado definitivo.

Ese debate, el de los fondos, es el que se pretende jugar desde la Comunitat. En primer lugar, con la creación de un fondo de nivelación, que tendría por objeto equilibrar la situación entre las CCAA. En la actualidad, regiones como la valenciana reciben una financiación per cápita que es hasta 30 puntos inferior a la de las mejor financiadas, como pueda ser Cantabria. Ese fondo de nivelación, que es el que estaría constituido por esos 16.000 millones de los que se ha hablado en alguna ocasión, permitiría que las regiones pero financiadas como la valenciana, pero también Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, se situaran en el entorno de la financiación media del resto de CCAA.

El sistema de financiación autonómica en vigor cuenta con dos fondos complementarios: el de suficiencia y el de garantía. El primero, definido como el que 'asegura la financiación de la totalidad de las competencias de las Comunidades Autónomas' es claramente perjudicial para la Comunitat porque, tal y como sostienen los expertos valencianos, es el que mantiene el statu quo actual, es decir, el desequilibrio que desde 2002 se viene sosteniendo entre las CCAA. Una asimetría que siempre encuentra entre las regiones perjudicadas a la Comunitat Valenciana y que, sin embargo, ha hecho que Baleares, una de las regiones peor financiadas entre 2002 y 2009, se encuentre ahora entre las más beneficiadas.

Los expertos valencianos son radicalmente contrarios al mantenimiento de ese statu quo. Pero, al mismo tiempo, son conscientes de que a ninguna región se le va poder convencer de la necesidad de recibir menos ingresos del Estado. Ahí es donde entra en acción otra de las propuestas valencianas. El nuevo modelo requiere de más fondos públicos. Montero, en su última comparecencia en el Congreso, le confirmó al diputado de Compromís Joan Baldoví que el nuevo sistema contemplará más fondos. Lo que la ministra no aclaró es cuál será la cantidad de nuevos fondos ni, especialmente, de dónde saldrá ese dinero.

Porque esa mayor aportación a las CCAA podría venir de un recorte del dinero que se queda el Estado, que es una fórmula que la propia ministra ha deslizado en alguna ocasión. O más probablemente de una reforma fiscal, en la que también trabaja el Ejecutivo central, y que supondría el aumento de ingresos por la vía, siempre cuestionada, de la subida de impuestos.

En paralelo a esa solución, la Comunitat plantea modificaciones en el fondo de garantía, que es el que debe garantizar que todas las Comunidades Autónomas 'van a recibir los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada o unidad de necesidad'. Una denominación que, no obstante, no se ha venido cumpliendo en el caso de la Comunitat Valenciana. Modificar el concepto o la forma en que se aplica, o incluso introducir algún tipo de mecanismo de modificación para ajustar el objetivo a la realidad debe de ser una prioridad del nuevo modelo.

Sin formar parte del nuevo modelo, la Comunitat no deja de lado otro aspecto clave de la nueva financiación: el del reconocimiento de la deuda consecuencia de la infrafinanciación. Un agujero en las cuentas autonómicas que ha ido variando de diámetro y profundidad pero que se ha llegado a estimar por encima de los 10.000 millones de euros y que ha acabado estirando la deuda pública valenciana, ya por encima de los 52.300 millones de euros.

Casi más importante que la nueva financiación, para la Comunitat, debe de ser el compromiso del Gobierno de reconocer y condonar esa parte de la deuda generada por la falta de fondos procedentes del SFA. Sin ese acuerdo, la superviviencia de la región seguirá dependiendo del FLA que aporte el Ejecutiva para refinanciar deuda.

Todo este ámbito de propuestas se pone aún más cuesta arriba por el calendario electoral. No es una novedad. Elecciones andaluzas a medio plazo, las autonómicas y municipales de 2023, las generales que no se retrasarán más allá de principios de 2024... las convocatorias a las urnas se han convertido históricamente en el peor ingrediente para propiciar el nivel de acuerdo político necesario para modificar la financiación, porque la ley que regula el reparto del dinero es orgánica y necesita de una mayoría cualificada. Bueno es que el proceso de haya puesto en marcha, Pero no hay ninguna garantía de cuándo puede resolverse.

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