Propuesta de sanción al hermano de Ximo Puig: de 12 a 18 meses sin contratos públicos

El 21 de mayo de 2019, LAS PROVINCIAS adelantó la información de que À Punt había sorprendido a una de las empresas de Francis Puig y a dos de los hermanos Adell Bover pactando precios para ganar concursos de corresponsalías de la cadena autonómica. Las productoras Comunicacions dels Ports, Kriol y Canal Maestrat fueron expulsadas y la cadena presentó una denuncia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que la derivó posteriormente al ente autonómico.

Estas productoras actuaron como un cártel para ganar adjudicaciones, fueron sorprendidas y la conselleria de Economía, tras el preceptivo informe de Competencia, impuso una multa de 43.000 euros al hermano de Ximo Puig y a sus socios –la sanción a Comunicacions dels Ports fue de 16.801 euros– y remitió el dictamen a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aplicara también la medida que considerara oportuna por «falseamiento de la competencia».

La Junta, tras analizar el expediente, pidió a Competencia de la Generalitat que remitiera, una vez estudiadas las alegaciones presentadas por los empresarios sancionados, un informe con su propuesta de sanción. El órgano autonómico elaboró un dictamen el pasado mes de julio, aunque ha salido a la luz pública ahora, en la que propone una sanción de entre 12 y 18 meses de prohibición de contratación para la empresa de Francis Puig y los hermanos Adell Bover en la demarcación de Castellón.

El informe, de 32 páginas, recoge las alegaciones de los empresarios, que aseguraron que han puesto en marcha todos los mecanismo internos y de control necesarios para que esta situación no vuelva a suceder. Además, apuntaron que una multa para que no puedan contratar con la administración podría significar un importante quebranto económico para su actividad y que incluso se podría llegar a la quiebra económica de algunas de las productoras.

El informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat apunta que las medidas de control adoptadas por las productoras han sido adoptadas después de conocerse la multa económica por pactar precios y también reconoce el esfuerzo que se ha hecho para llevarlas a cabo, en especial por parte de Comunicacions dels Ports.

De la misma manera, apunta que tanto Francis Puig como los hermanos Adell Bover «estuvieron involucrados directamente en una infracción muy grave por la que ambas empresas fueron sancionadas». Además, Competencia no toma en consideración en su totalidad la alegación del quebranto económico, ya que entienden que la sanción propuesta está limitada en el tiempo, y que podrían también presentarse a licitaciones que estén fuera del ámbito geográfico de la provincia de Castellón, bien en la Comunitat Valenciana o en el resto de España, «incluso en el mercado de las licitaciones con un objeto distinto».

La propuesta de sanción ya ha sido remitida desde Competencia de la Generalitat a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que finalmente adopte una decisión y determine si se aplica la prohibición de contratación para el cártel de las productoras de entre 12 y 18 meses.

De Madjulis a un paso del banquillo

El cártel de las productoras es un grupo de empresas de comunicación de Castellón, con el hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig como principal referente, que durante los último años, coincidiendo principalmente con la etapa del Consell del Botánico, recibieron importantes subvenciones para la promoción del valenciano y del catalán.

La semana pasada, el titular del juzgado de instrucción 4 de Valencia dictó un auto de apertura de procedimiento abreviado contra Francis Puig, y contra Juan Enrique Adell Bover, uno de sus socios, por los supuestos delitos de falsedad y estafa en la facturación presentada como justificación de las ayudas públicas recibidas desde distintas administraciones públicas, y en particular, desde la Generalitat durante la etapa del Botánico. El auto deja a Francis Puig y a Adell Bover a un paso del banquillo de los acusados. La investigación halló facturas duplicadas, derivadas y apuntó que una de las firmas de Francis Puig, en concreto Mas Mut, podría ser considerada fantasma.

Estos empresarios, como quedó acreditado en un informe de la Guardia Civil, colaboraron durante años para tratar de lograr el máximo de ayudas públicas, que superaron el millón de euros entre varias administraciones. Entre sus aspiraciones, ideada por uno de los hermanos Adell Bover, estaba incluso la de que un cantante guineano llamado Madjulis grabara un disco con canciones en valencianos para poder optar a todo tipo de aportaciones públicas para el fomento de la lengua.