El PSOE bloquea los cambios en la Ley nacional de Costas que impedirían los deslindes

El objetivo del cambio en la norma era evitar la destrucción de «conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre», como por ejemplo las casetas que están en primera línea de playa.

Eso era la teoría. El PP utilizaba la Cámara Alta para frenar uno de los efectos más negativos de la Ley nacional de Costas, cuyo reglamento fue tumbado por el Supremo por una cuestión formal. Pero la teoría es una cosa, y la mayoría de la izquierda en la Mesa del Congreso de los Diputados decide otra muy distinta.

La primera vez que se debatió la propuesta de los populares en el Senado fue el 6 de abril de 2022 se debatió la toma en consideración, pero no fue aceptada. En la actual legislatura se volvió a registrar y se sometió a la consideración del pleno. En esa ocasión, con la mayoría del grupo popular, se aceptó la toma en consideración. Con esa decisión, el expediente de la iniciativa fue trasladado al Congreso para iniciar su tramitación legislativa.

La presentación en el registro del Congreso se realizó el 15 de marzo de 2024, y fue calificada por la Mesa el día 19 del mismo mes. La proposición fue trasladada a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con competencia legislativa plena para la tramitación. El plazo inicial para la presentación de enmiendas finalizó el 12 de abril de 2024.

¿Y? La realidad es que la iniciativa se ha sometido a la sucesiva ampliación del vencimiento de plazos hasta en 28 ocasiones. El siguiente vencimiento tendrá lugar el 4 de febrero de 2025. Las fuentes de la Cámara Baja consultadas por este diario explican que la de la Ley de Costas es una de las 15 iniciativas aprobadas en el Senado que la Mesa del Congreso mantiene bloqueadas.

La iniciativa de los populares justificaba su necesidad en que la regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace años, agravada por los efectos del cambio climático, había supuesto que determinados núcleos urbanos costeros a lo largo de todo el país, con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. .

En ese proceso se han visto inmersos núcleos urbanos tradicionales con valores etnológicos incuestionables, como los del poblado marítimo de Torre la Sal en Cabanes, les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes, en la provincia de Castellón, así como otros en el litoral valenciano y alicantino.

A la vista de la maniobra de la izquierda en el Congreso, el Gobierno valenciano decidió impulsar su propia Ley de Costas para conseguir precisamente que una norma autonómica proteja esas construcciones.