PSPV y Compromís se enredan con la exención fiscal a las empresas

La falta de entendimiento y de confianza entre el PSPV y Compromís a la hora de confeccionar los presupuestos de la Generalitat para el año que viene ha propiciado que ni siquiera sean capaces de interpretar de la misma manera una enmienda a la Ley de Acompañamiento a las cuentas autonómicas de 2020 que lleva camino de precisar un 'relator' entre nacionalistas y socialistas. Un mediador que les permita consensuar la enmienda para modificar la Ley 13/1997, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos. Se trata de establecer una bonificación al impuesto de sucesiones. Desde Compromís se recela de un texto que los nacionalistas consideran que supone una exención a todas las empresas familiares. La coalición exige que se fije un tope de 10 millones de facturación anual para los beneficiarios de esa bonificación. Desde el grupo socialista en Les Corts se interpreta el enfado de Compromís como «un lío» a la hora de interpretar el texto, que según fuentes de la coalición ha pasado el filtro de Podemos pero no el de ellos.

El pasado viernes, la patronal advirtió de que no se ha cumplido la promesa electoral del socialista Ximo Puig por considera que, efectivamente, la enmienda sólo recoge la ampliación de la reducción para aquellas empresas con menos de 10 millones de cifra de negocio. Fuentes del PSPV en Les Corts intentan contemporizar, pero ni la patronal ni sus socios nacionalista se sienten conformes ni confían. Los empresarios consideran que se mantiene un tope. Desde Compromís se entiende que se elimina.

Durante la mañana de ayer, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se acercó al síndic nacionalista, Fran Ferri, para conversar, en mitad de unas negociaciones que se ven lastradas por la desconfianza generada en el propio seno del Consell entre socialistas y los líderes de Compromís. En la coalición se considera que los podemistas no han estado vigilantes frente a las maniobras del PSPV, al que atribuyen el deseo de ampliar la exención a todas las empresas familiares, las que facturen menos, pero también más de 10 millones.

Desde el PP se considera que sería justo eliminar por completo ese límite, según defendió ayer su portavoz adjunta, Eva Ortiz. La oposición entiende que, como mal menor, debería aplicarse un tramo de bonificaciones, pero no una línea que provoque una diferencia competitiva a favor de empresas que facturen 9,9 millones anuales frente a las que registren un volumen de negocio de 10,1 millones. El diputado de Cs Toni Woodward criticó también la política fiscal del Consell y que vaya a eliminar el impuesto de sucesiones solo a las empresas, pero no a todas y tampoco a toda la ciudadanía de la Comunitat.

Los gestos de desconfianza entre socialistas y nacionalistas abundaron ayer en Les Corts. Fuentes del PSPV insistieron en que el texto de la enmienda es corregible, si bien no descartaron la posibilidad de extender la bonificación a todas las empresas, al margen de su facturación, tal y como se les reclama desde las patronales valencianas CEV, AEFA e IVEFA. Por parte de Compromís se niegan a eliminar la existencia de un tope de facturación para beneficiarse de esa exención a las «empresas ricas, sino a aquellas que facturan poco, que ya lo tenían bonificado al 95% y ahora pasaría al 99%».