Los grupos del PSPV, Compromís y La Vall ens Uneix de la Diputación de Valencia rechazaron ayer una moción del PP valenciano por la que se solicitan medidas contra la ocupación ilegal de viviendas. La propuesta, en la misma línea que una similar presentada por Ciudadanos en el pleno de la corporación provincial del mes de septiembre, corrió la misma suerte que aquella y con los mismos protagonistas.
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La presentada ayer por el PP manifestaba el compromiso de la Diputación «con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas», compatible con la defensa y protección de aquellas familias en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda. También emplazaba al Ejecutivo central a aprobar una ley que garantizara el derecho constitucional a la propiedad privada y reclamaba que la corporación provincial aprobara un servicio de asesoramiento y mediación en materia de ocupación ilegal, a través de convenios con el Colegio de Abogados.
El portavoz del PP y líder provincial, Vicente Mompó, recordó que el número de denuncias por ocupación ilegal de viviendas entre los meses de enero y junio de 2020 han alcanzado las 7.450, lo que supone un 5% más que en 2019. «Una media de 41 denuncias al día de media», dijo. Mompó habló de un problema de convivencia que afecta a la seguridad de personas y bienes y subrayó que proliferan las bandas organizadas que ocupan inmuebles para alquilarlos luego de forma ilegal a personas o familias en riesgo de vulnerabilidad. El dirigente popular apostó por reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no se aprovechen del vacío legal e insistió en la necesidad de combatir a las mafias que hacen de la ocupación ilegal su negocio.
Desde el PSPV, la diputada Empar Folgado lamentó el tono «apocalíptico» que atribuyó al diputado popular. «El verdadero problema –dijo– es que hay un millón de personas en España que no pueden acceder a una vivienda digna», proclamó.
La diputada socialista afeó a los populares que plantearan en su moción el derecho a la propiedad privada de la vivienda y no en cambio el derecho a una vivienda digna. «Quieren generar una alarma que no se justifica con los datos», proclamó Folgado, que sostuvo que el de la ocupación no es un problema de orden público.
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En la réplica, Mompó invitó a la diputada socialista a acompañarle en alguna de sus visitas a municipios como Torrent, Paterna o Sagunto, con zonas especialmente afectadas por esta situación. «Lo que transmite la gente es miedo, tanto por las ocupación ilegales como por las situaciones que vienen asociadas, vinculados a los servicios de luz y agua», dijo. La iniciativa del PP recibió el apoyo de Cs y Vox, aunque fue rechazada.
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