El PSPV estudia personarse en la dana pese a que Sánchez impulsa prohibir las acusaciones populares

Compromís, de momento, no mueve ficha. Pero la formación anunció en su momento que preparaba una querella -ahora ya no sería necesaria para la personación- por lo que es probable que su periodo de reflexión termine finalmente en el juzgado.

El PP, por motivos evidentes, no parece que tenga intención de ser parte en este macrosumario. ¿Y el PSPV? Pues en un primer momento tampoco. Así lo trasladaron. De hecho, descartaron querellarse por la dana, un suceso que se ha saldado con 227 víctimas mortales. No dudaban, en cambio, ejercer esta acción penal por las supuestas irregularidades en la contratación del festival musical del 9 d'Octubre.

Pero ahora, sin embargo, se estudia si quizá sería coveniente estar presente en ese sumario. De hecho, desde la dirección de los socialistas se han realizado gestiones en este sentido, consultas de manera oficiosa, acerca del papel que podrían desempeñar en la causa. De momento, la instructora mantiene la autonomía de cada acusación popular. Pero no se descarta, como ha ocurrido en el caso Azud, que se unifiquen todas las personaciones populares bajo una única dirección letrada. En esos supuestos se deja el liderazgo en el primer partido político personado. El PSPV llegaría tarde a esta carrera.

La designación de un letrado, por otra parte, ofrecería a los socialistas información directa de cómo avanza la instrucción y podrían utilizar parte de las diligencias para fortalecer su relato político frente a la supuesta inacción de la Generalitat.

La dirección no esconde que esta posibilidad está sobre la mesa de los dirigentes. Pero admiten que es una cuestión «peligrosa», es decir, tiene otras derivadas como, por ejemplo, ir absolutamente en contra de las tesis de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y factótum de la sala de máquinas de la organización. Y hoy esta idea, que el PSPV o cualquier otra federación regional contradiga las directrices de Ferraz, no se antoja como la propuesta más idónea.

El Gobierno ha impulsado una ley para limitar el papel de las acusaciones populares. El contexto siempre es importante. La norma se tramita en un momento en que el presidente Sánchez se encuentra cercado por numerosas investigaciones judiciales como la que afecta a su hermano por trato de favor de la Junta de Extremadura en la creación de una plaza o por el máster de su mujer. A eso se le suma, además, el caso Koldo que supone ya un problema para otros cargos socialistas al margen de Ábalos.

El debate acerca de limitar la participación de los partidos políticos y organizaciones afines en el proceso judicial nunca ha sido pacífico. Para algunos implica duplicar el papel que ya ejerce la Fiscalía en defensa de la legalidad. Para otros, en cambio, el cierre de esta posibilidad se traduce en restringir un derecho como el de reclamar responsabilidades penales.

No se puede olvidar, además, la trayectoria de los socialistas valencianos en la última década. El PSPV ha ejercido la acusación popular en buena parte de los sumarios de corrupción. De hecho, contaba incluso con abogados de 'cabecera' para llevar adelante este tipo de procedimientos. Todo comenzó con el caso Gürtel, la acusación contra Francisco Camps. Después los socialistas fijaron su objetivo en la Fórmula 1. Se personaron en todas las piezas que Instrucción 2 de Valencia abrió para analizar la cita automovilística. También acudieron a la trama de facturas falsas de Terra Mítica. Y, por último, el caso Nóos, los famosos seminarios deportivos de Iñaki Urdangarin en Palma de Mallorca y Valencia, donde Sandra Gómez, hoy eurodiputada, cosechó su particular fracaso como acusación popular.