El PSPV pide a Antifraude el expediente de Francis Puig por si lo consigue el PP

Lo que el PSPV consideraba hasta la fecha poco menos que una invención del PP valenciano y un intento de vincular al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con supuestos casos de corrupción, parece ser ahora objeto de preocupación. La investigación abierta en los tribunales sobre Francis Puig y sus socios, los Adell Bover, por las subvenciones públicas recibidas, así como la sanción ya impuesta por la comisión de defensa de la competencia al considerar probada la existencia de un cartel de productoras para hacerse con un concurso público de À Punt, ha obligado al PSPV a cambiar la estrategia.

¿En qué consiste el cambio? El pasado jueves el PSPV de Les Corts presentó senda solicitudes de documentación en el registro del Parlamento regional. Ambas iniciativas llevan la firma de Sabina Escrig. Una de ellas solicita a la entidad que dirige Joan Llinares «copia íntegra del expediente de investigación incoado» por Antifraude «incluyendo todas las actuaciones practicadas» hasta la fecha de respuesta de la iniciativa «con motivo de la presentación de una denuncia sobre los contenidos de la justificación de la concesión de ayudas públicas para la promoción del valenciano por parte de las mercantiles Kriol Produccions i Canal Maestrat, incluyendo toda la documentación aportada por las referidas mercantiles a requerimiento del órgano inspector». Kriol y Canal Maestrat son dos de las productoras vinculadas al cartel que ha sancionado la comisión de la competencia. Ambas son propiedad de los Adell Bover. En otra iniciativa, Escrig solicita la información correspondiente «previamente anonimizadas» de las denuncias sobre el pago de las subvención Ayuda Ruralter-Leader para ampliación y modernización de centros de producción» de la mercantil Comunicacions dels Ports, propiedad de Francis Puig.

En ambas iniciativa el PSPV especifica que las plantea sin plazo concreto y sólo a los efectos de que Antifraude se viera obligada por resolución judicial a entregar esos expedientes a cualquier diputado de otro grupo. Una fórmula novedosa, que algunas fuentes parlamentarias compararon ayer con la cláusula Camps del Estatuto de Autonomía.

De hecho, son los populares los que se han dirigido a la entidad que dirige Llinares para que le entregue esta documentación, después de que el TSJ valenciano, primero, y el Tribunal Supremo, después, les hayan dado la razón y hayan concluido que están en su derecho de obtener esa documentación. El PSPV asegura querer disponer al menos de la misma información que el PP.

Ayer, de hecho, los populares revelaron un informe de los servicios jurídicos del Parlamento valenciano que se suma al criterio del TSJ y del Supremo y considera que Antifraude no puede desoír la petición de documentación que firma la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz.

El informe de los letrados de la Cámara explica que Antifraude solicitaba que en la reforma del Reglamento de la Cámara se introdujera una modificación en el artículo 12 que negara de forma explícita el acceso a los diputados a los expedientes que estuvieran en trámite por parte de Antifraude. El escrito venía a subrayar que la ley de la Agencia, aprobada en 2016, venía a sostener la necesaria confidencialidad de esa información, y que hacerla pública podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, así como los del derecho al honor y a la intimidad.

Los letrados de Les Corts, por contra, rechazan que pueda ponerse en un mismo plano el Reglamento de la Cámara y la ley de Antifraude y subrayan que la responsabilidad de salvaguardar los derechos que puedan entrar en conflicto con el de participación, del que emana la facultad de los diputados de solicitar documentación.