El PSPV no sabe si le gustan las diputaciones

Se desperezaba la legislatura autonómica de 2011 cuando en el pleno de septiembre el entonces presidente de la Diputación de Valencia, el popular Alfonso Rus, dejó de una pieza a los representantes de la oposición (PSPV, Compromís y EU) al anunciar que tras las elecciones generales del 20 de noviembre de aquel año les iba a quitar el sueldo y los asesores. ¿El motivo? Que se sentaban en los escaños de una institución que querían suprimir. «¿Si no creen en la Diputación por qué están aquí? Por el sueldo. Pues ya está: sin sueldo y sin asesores». Rus, hombre de sangre caliente, saltó después de que Rosa Pérez, de EU, presentara una iniciativa para que la institución propusiera a Les Corts una ley de comarcalización que acabase de facto con la corporación provincial y que el PSPV, su entonces portavoz era Toni Gaspar, el actual presidente de la Diputación, propusiera una comisión para pactar la transferencia de sanidad, educación y cultura a la Generalitat. Era la época en que Pérez Rubalcaba, entonces líder del PSOE, defendía la supresión de las diputaciones. Los socialistas acababan de perder la práctica totalidad del poder municipal y provincial en España.

Han transcurrido ocho años desde aquella amenaza que Rus nunca cumplió y Compromís y EU, aunque hayan tocado poder y formen parte del actual cuatripartito que rige la Diputación de Valencia, siguen defendiendo el fin de estas instituciones. ¿Y el PSPV? No se aclaran. Los socialistas valencianos, que siguen en la oposición en las corporaciones provinciales de Castellón y Alicante pero dirigen la de Valencia, tan pronto se muestran favorables a su continuidad como defienden su entierro.

Fue, posiblemente, la primera promesa incumplida del actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Uno de los puntos del pacto del Botànic, firmado por PSPV, Compromís y Podemos, es la supresión de las corporaciones provinciales. La conquista de la Diputación de Valencia, en manos del PP durante cinco mandatos, motivó que Puig se lo pensase de nuevo y se plantease efectuar colaboraciones económicas puntuales -el plan Xarxa llibres o la construcción de centros sociales- de los tres entes provinciales con la Generalitat. Cuando ha intentado subyugar a estas corporaciones, como en la política turística o la deportiva, el Tribunal Superior de Justicia lo ha frenado.

Y hasta ahí ha llegado el Consell del Botànic, que en la recta final de la legislatura todavía no se ha puesto manos a la obra para reducir competencias a las diputaciones ni ha asumido competencias exclusivas como el Hospital Universitario de Valencia y el Psiquiátrico de Bétera.

Cuatro meses después de tomar posesión del cargo, el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, defendía públicamente que «las diputaciones han de desaparecer». Rodríguez, suspendido cautelarmente del PSPV tras su detención a finales de junio de 2018 en la operación Alquería por presunta prevaricación y malversación por la contratación irregular de directivos en Divalterra, anunciaba un encuentro con el presidente Puig para abordar la reforma y aplicación de la ley de coordinación de las diputaciones.

Este instrumento permite a la Generalitat vaciar de contenido esas instituciones. Y esa norma, o una reforma de la misma, es la que se iba a aplicar según anunció José Manuel Orengo, a la sazón vicesecretario de relaciones institucionales del PSPV y portavoz socialista de la Diputación que presidía Rus. Lo dijo el 16 de junio de 2015. Han transcurrido tres años y tres meses, se afronta el último tramo de la legislatura, y ni se ha aplicado ni se ha reformado la ley.

Este viernes, tras el pleno del Consell, la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, aseguraba que la Generalitat podría asumir las competencias de las diputaciones, así como su personal, siempre y cuando recibiera la pertinente dotación económica. Oltra defendió que el Consell considera que «las diputaciones no deberían ejercer competencias de la Generalitat». Pero el Gobierno valenciano no ha asumido ninguna competencia de las denominadas impropias de las corporaciones provinciales (sanidad, educación y cultura) ni ha movido ficha de forma efectiva para rescatar la mencionada ley de coordinación de 1983. Cierto es que el Consell gestionó mediante un decreto la coordinación de las Diputaciones en materia de deportes, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat se encargó de tumbar la iniciativa a mediados de 2017 tras recurrirla el PP.

La realidad del PSPV como principal partido que sustenta el Consell durante estos últimos tres años es que ha habido declaraciones de intenciones, incluso se llegó a anunciar en junio de 2016 una ley de comarcalización que duerme en los cajones de algún despacho, pero ninguna actuación dirigida al control económico y de gestión de las instituciones provinciales. Y los que ha habido los tribunales se han encargado de frenarlos, como en el caso de deportes y de turismo.

El inicio de la ruptura, de los vaivenes del PSPV respecto a las diputaciones lo puso en evidencia el presidente de la valenciana, Jorge Rodríguez, casi año y medio después de tomar posesión. En una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS el 3 de octubre reconocía que «la Diputación es más útil de lo que esperaba» y que «sería un gran error» pasar de la institución provincial a trece mancomunidades comarcales.

Pero cuando más se han visto retratados esos bandazos del PSPV ha sido este año. En una encuesta de la Diputación de Valencia se exhibió que tres de cada cuatro alcaldes afirman que la institución no debe desaparecer y que un 98 % de ellos la considera importante. Ese 10 de mayo fue un momento de inflexión. «Una cosa son los sueños y deseos y otra la realidad», indicó Rodríguez. Con ello el presidente daba a entender que una cuestión es la que quieren los partidos (PSPV, Compromís, Podemos y EU), acabar con la institución, y otra la opinión de los alcaldes. Y Rodríguez buscaba el respaldo de los alcaldes, especialmente del PSPV, en aras de hacerse fuerte y optar a repetir en el cargo.

El presidente de la Diputación valenciana también salió en defensa de las corporaciones provinciales como portavoz de los socialistas valencianos y eso acabó descolocando a altos cargos del PSPV. Pocas semanas después, el 27 de junio, se produjo la detención de Rodríguez por el 'caso Alquería'. Días después el jefe del Consell anunció una ley para vaciar las competencias de las instituciones provinciales. Hasta hoy.

Pero fue a raíz del debate de política general de este año cuando los socialistas han dado una imagen contradictoria. El diputado y secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, defendió en Les Corts el 13 de septiembre la vigencia de las diputaciones para vertebrar los municipios. El grupo socialista votó en contra, junto al PP, de la propuesta de Podemos para vaciar las diputaciones. Pero los podemistas insistieron en el asunto y presentaron otra propuesta para destacar los vaivenes del PSPV. Y seis días después de que el grupo socialista defendiera las diputaciones en Les Corts, en el mismo escenario apostaban, por medio de su portavoz, Manolo Mata, por «liquidarlas».

El líder socialista y presidente de la Generalitat, Puig, defendió que sean las autonomías las que decidan su propio modelo territorial. «No se trata de generar más conflictos, sino dar mejores soluciones desde la eficiencia sabiendo que los recursos no se pueden desperdiciar en duplicidades absurdas», indicó.

El actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, reclama «que se pregunte a los ayuntamientos qué piensan del papel de las diputaciones y después planteemos leyes donde correspondan para su transformación o eliminación». Gaspar defendió que «ninguna institución es sagrada» y dijo que Podemos quieren contribuir, que impulse una ley «para que podamos transferir el Hospital General o el Psiquiátrico de Bétera, que llevamos tres años intentándolo».

El PP siempre ha defendido la administración provincial «como elemento vertebrador básico e indispensable. Debe seguir trabajando para que cualquier ciudadano reciba los mismos servicios, sin perjuicio de donde libremente haya escogido vivir», defendió la portavoz popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles. «Nos encontramos con una Diputación gobernada por aquellos que ni tienen proyecto ni están implicados en una institución en la que no creen».

Desde la presidencia de la Diputación de Castellón, además de defender la continuidad de estas instituciones, señalan que no entran en los vaivenes de la política de Puig y prefieren centrarse en el trabajo. En la de Alicante no quisieron realizar ninguna apreciación al respecto.