El PSPV teme por primera vez los tribunales

Por primera vez, el PSPV teme la reapertura del curso judicial. Más allá del pistoletazo oficial -la apertura del Año Judicial se celebra en octubre- la actividad vuelve a coger cierto brío en septiembre. Hasta la fecha, la dirigencia socialista sólo contemplaba este periodo con expectación, sabedores de que les proporcionaría munición política suficiente para ahogar cualquier crítica a su labor. El lastre de la corrupción, definido por el presidente Puig como Levante feliz, la hipoteca reputacional y la herencia recibida, era un poderoso argumento para dejar en evidencia a la bancada popular. Ante lo nefasto de una gestión siempre estaría a mano la réplica: «Nosotros no robamos».

Como si fuera ya una tradición, el regreso a la actividad suponía el calvario para el PP de Isabel Bonig, cansada ya de pedir perdón por las tropelías de sus antiguos compañeros de partido. Pero la tendencia se ha roto. Los socialistas valencianos, por primera vez, aguardan con preocupación las novedades de los próximos meses. Dos son los asuntos que amenazan con destrozar esa imagen de ejemplaridad: la contratación de directivos en Divalterra e irregularidades en adjudicaciones a favor de una de las agencias de comunicación con la que trabajaba el partido. Y con ellos también la coalición nacionalista de Compromís. Ambos podrán seguir explotando la vía de la corrupción, pero se arriesgan a recibir una respuesta igual de contundente.

El cambio de escenario, la «inquietud» acerca de la incertidumbre que generan estas investigaciones, y el «interés» porque todo se aclare es compartido por dirigentes de los cuadros socialistas. Y de qué forma una instrucción prolongada puede dañar las expectativas de la formación. Los comicios de mayo de 2019 se sitúan suficientemente cerca como para preocupar a los altos cargos del partido.

Asunto de especial transcendencia para el PSPV es el del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, detenido el pasado mes de junio. Insisten desde su círculo -tesis que se comparte en la dirigencia- en desligar este caso de los ya clásicos del PP. La idea general -y parece ser cierta, según las primeras pesquisas- es que ninguno de los investigados se ha quedado dinero. No estaríamos ante el cobro de comisiones y amaño de contratos, circunstancias presentes en la Administración gobernada por el PP. Lo que se investiga es la contratación irregular de directivos. La colocación de personas afines a los dos partidos del Gobierno en empresas públicas, allá donde se pueden esquivar los principios que regulan el acceso a la Administración. Siete directivos fueron enchufados en Divalterra, continuadora de Imelsa, epicentro de una de las peores tramas de corrupción de la Comunitat, la que capitaneaba supuestamente Alfonso Rus.

La causa sigue bajo secreto de sumario. Es una incógnita, de momento, el contenido del sumario y las diligencias que se practicaron antes y después de los arrestos. Con independencia del resultado final del asunto -si se archiva o llega a juicio- el final del secreto agitará los cuadros socialistas. La Policía Nacional analiza ahora el contenido de los móviles y ordenadores. Los implicados hacen vida normal, incluso han disfrutado de sus vacaciones fuera de Europa. Anticorrupción no pidió para ellos medidas cautelares, lo que fue interpretado por algunas fuentes como muestra de la poca entidad de la causa.

El PP ya calienta motores. En julio adelantó los trámites para personarse en la causa. Cuando depositen 3.000 euros de fianza y se levante el secreto, podrán ejercer la acusación. Todavía es una incógnita qué papel adoptará la Diputación. ¿Se personará como acusación contra el que fuera máximo responsable de la Corporación? En teoría, se malversó dinero público con el pago de las nóminas de los directivos. La cifra ronda los 1,7 millones.

Todos los investigados han sido apartados de sus responsabilidades, salvo uno que es funcionario. Pero lo más sangrante para el PSPV es que Jorge Rodríguez se mantiene como alcalde de Ontinyent. Entre el respeto a la presunción de inocencia y el recibimiento público por parte de sus vecinos tras salir del calabozo hay demasiada distancia. Esta obstinación del primer edil genera un quebradero de cabeza para las filas del PSPV. Rodríguez fue suspendido de militancia, pero se mantiene como alcalde. Ni siquiera se ha pasado al grupo mixto. Fuentes socialistas admiten que esto también afecta la reputación del partido porque la postura de Rodríguez no deja de ser incoherente. No podría presentarse a la reelección por el PSPV, pero se mantiene como alcalde por estas siglas. «Es casi el primer tránsfuga de Ximo Puig».

Las otras dificultades para el PSPV se encuentran repartidas por cuatro juzgados en Madrid, Gandia y Benidorm. Los jueces examinan irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de la empresa de comunicación Crespo Gomar. Estas prácticas -de confirmarse- esconderían en realidad una financiación ilegal del PSPV. La juez de Valencia que analizó el asunto en su globalidad dictaminó que el delito de financiación de existir estaba prescrito. Esta conclusión sirvió para que el PSPV sacara pecho y negara la existencia de una trama como la que parecía dibujarse, similar a la del PP con Gürtel. Sin embargo, esa calificación, a juicio de otros responsables socialistas, no resta ni un ápice de gravedad. «Es importante que eso se aclare más allá de si el delito está prescrito. La imagen que se ofrece del partido es muy negativa cuando se investigan asuntos como este».

Los hechos se remontan a mediados del 2000 y diferentes vínculos conectan con Ximo Puig, aunque no participara directamente en las actuaciones. El gerente de la mercantil era Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor del presidente de la Generalitat.

Las sospechas apuntan a que esta empresa realizó facturación falsa a otras mercantiles (Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital) que, en realidad, encubrían el pago de actos electorales. Posteriormente, desde las Administraciones controladas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o desde diferentes Consistorios valencianos se 'devolvía' el favor con adjudicaciones. La única buena noticia para el PSPV de esta causa fue el reciente archivo de un contrato de 184.000 euros del Ministerio de Sanidad. La decisión no es firme. Este asunto supuso la imputación de Etelvina Andreu, la que fuera candidata a la alcaldía de Alicante.

Otras tres causas se mantienen vivas en diferentes estados del procedimiento. Se trata de una campaña de publicidad del Ministerio de Vivienda, la adjudicación de los denominados opinómetros en el Ayuntamiento de Benidorm y las irregularidades detectadas en una ayuda de Gandia a la Federación Valenciana de Fútbol para que compraran un local relacionado con la familia Gomar.

El PP presenta peor curriculum delictivo que el PSPV. De nuevo, los populares afrontan un ejercicio convulso. Los juzgados de la Comunitat todavía mantienen numerosos asuntos con consecuencias para los populares. El más reciente es el caso Zaplana. La investigación sigue bajo secreto y el expresidente de la Generalitat en la prisión de Picassent. El esfuerzo de su letrado por sacarlo de la cárcel ha resultado inútil. La Guardia Civil está aprovechando este periodo para apuntalar las pesquisas. El caso Taula, el supuesto blanqueo de 50.000 euros por parte de los concejales, asesores y exasesores del PP de Valencia para las elecciones de 2015 debe deparar ya algún avance definitivo. Todas las fuentes consultadas dan por hecho que los investigados terminarán sentándose en el banquillo. Pero todavía se mantiene una pieza secreta en esta investigación, lo que puede alargar todavía más esta causa.

Los avances de este procedimiento pueden condicionar el candidato popular a las elecciones municipales. Todavía no se conoce quién será el aspirante, aunque el PP ya ha comunicado su intención de hacerlo cuanto antes.

Y como complemento a lo anterior, todavía quedarán los avances en los asuntos relacionados con la F-1 en los que Francisco Camps aparece como principal señalado; los casos que salpican al exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano y conocer el desenlace de las dos últimas piezas del conocido como caso Cooperación. Todo apunta a que Rafael Blasco pactará.