El PSPV vota con el PP para evitar recortar el estatuto de expresidentes

Hacía tiempo que no se veía en una comisión de Les Corts, espacio donde los diputados se sientan codo con codo, un nivel de crispación en los discursos, de sensación de traición, como el que aconteció ayer en la comisión de Coordinación. Golpes en las mesas («puñetazos», según una diputada del PP), acusaciones directas de mentir entre las señorías que componen el Botánico y un resultado sorprendente pero no insólito esta legislatura: PP y PSPV votaron juntos para tumbar una iniciativa de Podemos secundada por Compromís. No es la primera vez que ocurre, pero han sido pocas las ocasiones en que el denominado «bipartidismo» suma sus diputados, que son muchos (mayoría absoluta) para reventar una iniciativa de la izquierda más beligerante. Pasó con el intento de reprobar el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá, popularmente conocido como CETA (por sus siglas en inglés, Comprehensive Economic Trade Agreement), y ya pasó con el estatuto de expresidentes de la Generalitat, el mismo tema que provocó ayer la alianza entre los populares y los socialistas valencianos.

La propuesta de Podemos pasaba por comisión. Lleva camino de que se repita el bochorno del pleno de julio de 2016, cuando todos los grupos votaron en contra. Todos. Los morados presentaron la iniciativa y ni ellos mismos quisieron dar por bueno el resultado, también pactado por PP y PSPV. Un fracaso que se rememoró en la comisión de ayer. Los partidos del Botánico se dividieron en dos bloques antagónicos: el PSPV apeló a la dignidad de los exjefes del Consell, y abrazado a esa necesidad de no arrastrar por el fango a los expresidentes aprobó junto al PP, con ayuda de Ciudadanos, unas enmiendas que evitan la revocación del estatuto (que actualmente se otorga a los expresidentes que lo pidan) y la posibilidad de que sean «desterrados» a integrarse en el CES (Comité Económico y Social), por lo que mantendrían su condición de consejeros del CJC (Consell Jurídic Consultiu).

Podemos pretendía eliminar la oficina a disposición de los expresidentes y los dos asesores, así como el chófer y la disposición de coche oficial. Los morados proponían que los exjefes del Consell fueran miembros del Comité Económico y Social (CES) un máximo de cinco años (y no del Consell Jurídic Consultiu, CJC, como ahora) y establecía la posibilidad de la revocación parlamentaria en casos de condena firme por un delito contra la administración pública ocurrido antes, durante o después de su mandato. Sin embargo, tras la alianza de PP y PSPV, el texto de la reforma del estatuto se ha modificado de tal manera que Podemos anunció su abstención en las votaciones sobre el nuevo articulado y advirtió de que se posicionará en contra en el pleno de Les Corts si la ley se mantiene en los términos aprobados. En una posición similar se situó Compromís. Ambos partidos dirigieron críticas muy duras hacia el síndic del PSPV, Manolo Mata, que llegó a pedirse a sí mismo («Manolo, cálmate», se dijo) templanza frente a las acusaciones de podemistas y nacionalistas, que a escasos centímetros de su cara le acusaron de mentir y de querer camuflar la razón de sus discrepancias. Mata y la diputada de Compromís, Mireia Mollà se reprocharon mutuamente, a micrófono abierto pero sobre todo cuando el audio se había apagado, estar mintiendo. El socialista justificó su posicionamiento junto al PP por la necesidad de ofrecer «dignificación» a la figura de los exmandatarios y consideró innecesario tomar decisiones «revanchistas, de castigo».

Las enmiendas de socialistas y populares salieron adelante con la oposición de Compromís y Podem. Se conserva la oficina de apoyo, los asesores y los escoltas, si bien los expresidentes deberían dar cuenta del uso de los medios a su alcance en un informe anual de actividades.

Durante el debate, la podemista Fabiola Meco interpeló a Mata para recordarle que «recortar los privilegios» era una medida aprobada en el Pacto del Botánico «firmado por Ximo Puig». Mollà articuló un discurso que pretendía mostrarse cargado de sinceridad para asegurar que «el problema» no era «la dignidad de los expresidentes», sino el dinero. Según la diputada de Compromís, su coalición y Podemos estaban dispuestas a secundar la iniciativa de Ciudadanos para que durante los tres años que marca la rigurosa ley de incompatibilidad que los altos cargos no pueden trabajar en empresas sobre las que hayan tomado decisiones (lo que prácticamente impide a un expresidente trabajar tras dejar el cargo si no es funcionario) se fije una retribución para los expresidentes. Sin embargo, según Mollà, PSPV y PP prefieren garantizar la prestación recibida por participar en el CJC durante 15 años, dinero que no se percibe en el CES.