Pugna en el Consell por la reversión de residencias de gestión privada

La reunión de subsecretarios que se celebra todos los jueves, previa al pleno del Gobierno valenciano, en la que se ordenan los asuntos a abordar en el cónclave del Consell, constató ayer las discrepancias entre PSPV y Compromís en relación con al menos uno de los artículos de la ley de medidas fiscales -conocida coloquialmente como ley de acompañamiento-, el que hace referencia a la reversión de la gestión integral de centros de diversidad funcional de titularidad pública cuando finalice el periodo de concesión. Tanto es así que la falta de acuerdo obligó a dejar sobre la mesa la medida y convocar una nueva reunión, la próxima semana, para seguir debatiendo sobre la medida.

El artículo 40 de la ley de acompañamiento hace referencia a los 'efectos en materia de personal y de bienes por la extinción de contrato de gestión integral de centros de titularidad pública en el ámbito de la diversidad funcional'. En ese apartado se alude a la necesidad de revertir al ámbito público la gestión privada de estos centros de titularidad pública -la gran mayoría de los de la Comunitat- «por no resultar conveniente para el interés público en este sector de población especialmente vulnerable, sobre el que la administración tiene una especial responsabilidad, una gestión indirecta del servicio público de naturaleza contractual». La propuesta nace de Compromís -el departamento que lo propone es la conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra-, formación que ha venido sosteniendo la necesidad de recuperar para la gestión pública un servicio, el de gestión integral, que prestan empresas privadas.

El artículo hace mención expresa a que la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS), «se subrogará en la condición de empleador que las empresas contratistas tengan». No sólo eso. También se advierte de que «finalizado el plazo de duración del contrato de gestión integral del centro de titularidad pública, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados».

La propuesta impulsada por Oltra -ausente de la reunión de ayer- se encontró con el rechazo de los socialistas valencianos, que expresaron su discrepancia con una medida que, una vez ejecutada, implicaría la incorporación al sector público de una cifra cercana a las 3.000 personas -el número de empleados que se estima que prestan su labor en este tipo de centros-. Las competencias en materia de Función Pública están en manos de la conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo.

La posición de la formación nacionalista en relación con la reversión al ámbito público de los centros de gestión integral contrasta con el criterio expresado por el presidente de Aerte, José María Toro, que en más de una ocasión ha considerado que la generalización relativa a que la gestión pública siempre es de mejor calidad que la privada no se ajusta a la realidad.

La reversión en estos centros integrales de diversidad funcional -servicios de ayuda a domicilio y residencias de tercera edad, entre otros- va en una línea similar a la reversión de las concesiones hospitalarias impulsadas por la que fuera ministra y consellera de Sanidad, Carmen Montón. De hecho, los centros afectados tienen esa misma condición de titularidad pública y gestión privada que el hospital de Alzira o el de Denia. Algunas voces del PSPV ya cuestionaron a la exconsellera por cómo gestionó esta iniciativa.