Puig se borra del acto en Les Corts para pedir una nueva financiación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no ha acudido al acto que se ha celebrado este viernes en Les Corts para reivindicar un nuevo sistema de financiación autonómica. La portavoz del PP, María José Catalá, primero, y la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, después, han mostrado en sus intervenciones su decepción por la ausencia del jefe del Consell. El único representante del Gobierno valenciano en la sesión ha sido el titular de Economía, Rafael Climent. El titular de Hacienda, Arcadi España, tampoco ha acudido al acto.

Sin la presencia del jefe del Consell, que en sus últimas intervenciones públicas ha obviado el debate sobre la situación financiera de la Comunitat y el ninguneo del portavoz federal del PSOE, Felipe Sicilia, a la falta de fondos de la Comunitat, la sesión celebrada en la Cámara ha servido para poco más que para mostrar las discrepancias entre las posiciones de los distintos grupos que han participado -todos menos el de Vox-.

El acto comenzaba con un llamamiento del presidente de Les Corts, Enric Morera, a los grupos parlamentarios y a los representantes del Congreso y del Senado para mantener la posición de consenso en relación con la exigencia de un nuevo modelo. Morera ha señalado que este es un «acto político extraordinario» y ha remarcado que el objetivo debía de ser «avanzar en el camino de las soluciones (a la infrafinanciación) sabiendo que no depende solo de nosotros».

Pero el consenso, en realidad, se ha limitado a constatar la situación de maltrato financiero que sufre la Comunitat Valenciana. Más allá de eso, pocas coincidencias. La síndica del PSPV, Ana Barceló, ponía el acento en la necesidad de mantener el consenso. "Nuestra fortaleza será la unidad", ha dicho. Ni palabra del parón que sufre el proceso de reforma desde que a principios del pasado diciembre el ministerio presentara su propuesta de criterio de población ajustada.

El PP, por boca de su secretaria general, María José Catalá, ponía sobre la mesa tres propuestas concretas: la convocatoria este mes de junio del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar las alegaciones de las CCAA al criterio de población ajustada, la aprobación de un fondo de compensación y la condonación de la deuda histórica. "El consenso que ustedes piden, si no se consigue nada, se convierte en melancolía", ha dicho.

Compromís, a través de su portavoz adjunta Aitana Mas, le daba la vuelta a la posición tradicional defendida desde la Comunitat en relación con este debate al proponer que la población que contemple el nuevo modelo no fuera la ajustada, sino la de derecho -la empadronada-. Una circunstancia que obviaría todos los factores que se tienen en cuenta a la hora de contabilizar la población de cada autonomía y que podría dejar a la Comunitat incluso con menos recursos de los que recibe en la actualidad. La diputada nacionalista ha defendido que esa inciaitiva se plasme en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

La propuesta de Compromís, igual que todas las demas, se quedó flotando en el hemiciclo. El expresidente de la Generalitat Alberto Fabra subrayó que resolver este problema es competencia de los gobiernos, del tripartito y del central, "y ninguno de los dos ha mostrado voluntad de buscar soluciones". El diputado nacional Vicent Sarrià le replicó que Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta en... 2014, y que habría podido cambiar el sistema actual. Ni palabra de los tres años largos de gestión de Sánchez.

Joan Baldoví, por su parte, ha llegado a proclamar que su partido siempre ha mantenido el mismo nivel de exigencia con este asunto frente a PP y PSOE, aunque ha obviado que fue él mismo el que anunció en enero de 2020 que en ocho meses el gobierno de Sánchez presentaría un nuevo sistema de financiación que, a estas alturas, sigue sin existir.

María Muñoz (Cs) ha proclamado que PP y PSOE no tiene voluntad real de resolver el problemna, mientras que Txema Guijarro (Podemos) ha rechazado la decisión de la ministra de Hacienda de aplazar este debate como consecuencia de la "guerra en Europa".

Morera ha cerrado el acto mostrándose "satisfecho, porque todos reconocemos el problema". Y ya está. Ni una posición común, ni un acuerdo sobre una hoja de ruta a seguir, ni qué iniciativas plantear. Una representación del reparto de culpabilidades que, en pleno escenario electoral, constata la imposibilidad de avanzar en la reforma.

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