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E. P.
Viernes, 5 de abril 2019, 00:01
alicante. El 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, anunció ayer durante un acto de la plataforma 'Volem Més' en Alicante, que, si revalida el cargo, la próxima legislatura las empresas familiares que garanticen «un mínimo de actividad de cinco años tendrán una bonificación del 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones».
Con esa medida, Puig indicó que se busca «garantizar que ninguna empresa familiar deje de ser competitiva tal y como reclamaba la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)». Precisamente, el acto en Alicante contó con la presencia del presidente alicantino de la CEV, Perfecto Palacio, en un acto en la sede de la Fundación CAM y con el recto de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, como moderador.
Puig resaltó que esa exención tendría «un impacto relativo en el presupuesto de entre dos y siete millones de euros, pero que demuestra nuestra voluntad política». Al acto asistieron representantes de las asociaciones empresariales de toda la provincia de Alicante, como Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; Rafael Ballester, presidente de Ineca; Antonio Mayor, presidente de Hosbec o Jose Luis Gisbert, presidente de IFA.
Ante ellos, el líder de los socialistas valencianos destacó el diálogo social impulsado por su Consell «para levantar la hipoteca reputacional que dejó el anterior gobierno». «El diálogo social no es una alternativa, es el único camino y la Comunitat Valenciana de hoy no tiene nada que ver con la de hace cuatro años», expresó.
El 'president' de la Generalitat remarcó la necesidad de que la Comunitat cuente con una financiación justa e incidió en que «gobierne quien gobierne en España, la Generalitat va a redoblar su acción por la financiación porque cada día perdemos millones de euros y unos peores servicios públicos».
Asimismo, señaló que «se han hecho avances como que ya nadie tenga ninguna duda de que la Comunitat Valenciana es la autonomía peor financiada y que haya una unidad de acción de toda la sociedad civil para reclamar un nuevo modelo». Puig puso en valor la mejora de los indicadores económicos y sociales como la creación de 200.000 puestos de trabajo.
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