Los partidos rechazan el plan de Sánchez para la desescalada en la Comunitat

En el nuevo clima proclive a los pactos que parece haberse instalado entre los partidos de la Comunitat Valenciana, los grupos parlamentarios también lo tienen claro. Rechazo al plan del Gobierno central de salir del confinamiento por provincias y apoyo más o menos explícito al defendido por el Consell, a menor escala, con 'microdesconfinamientos'. Así lo explicó ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que si bien no quiso poner en boca de los grupos parlamentarios ese apoyo, sí agradeció su predisposición a los acuerdos planteados para la conformación de una comisión parlamentaria en la que se dará forma al pacto por la reconstrucción de la Comunitat, del que saldrán medidas comunes para tratar de que el impacto de la crisis del coronavirus sea el menor posible para la Comunitat.

Tras reunirse por separado y por videoconferencia con los portavoces de los seis grupos con representación en Les Corts, Puig valoró los planes del Gobierno central de partir en cuatro fases la salida del confinamiento y hacerlo tomando como medida administrativa las provincias. Pero para Puig, el método ideado por el Ejecutivo central no es el mejor para Alicante, Valencia y Castellón. «La provincia no es el marco natural en la Comunitat Valencia», dijo. Sin embargo, quiso mostrarse conciliador y no hacer de sus palabras «una enmienda a la totalidad de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, sino tratar de mejorarlas en el ámbito valenciano.

El jefe del Consell es partidario de salir del estado de alarma por departamentos de salud o comarcas y aseguró que se corresponden más con la realidad de la Comunitat y sus localidades, aunque defendió que los planes del Gobierno se pueden adaptar al territorio valenciano «haciendo mayor cirugía». De no ser así, aventuró, «se pueden producir situaciones ridículas entre municipios» que tienen más cercanía social y económica con otros pueblos de al lado, aunque corresponden a distinta provincia.

Puig aseguró también que su Consell, aunque tiene ya finalizado el plan de desescalada por departamentos y una propuesta de franjas horarias para regular las salidas de los distintos grupos de población a la calle, prefería esperar a que sea el Gobierno quien fije las pautas con las peticiones de las comunidades «para no confundir a los ciudadanos. Los verdaderos protagonistas de las medidas». «No hemos jugado a tener un plan cerrado. Los valencianos son los protagonistas de las medias y hay que devolverles la responsabilidad que han demostrado tener con confianza por nuestra parte».

Respecto a la movilidad entre provincias, restringida por las medidas del Gobierno, Puig también se mostró contrario al sistema elegido. «El marco provincial para nosotros no es el adecuado, tampoco con la movilidad». Las fronteras provinciales, dijo, no ayudan en este caso, ya que detrás de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia se esconden realidades muy distintas entre comarcas y municipios. «La base debe ser otra. Buscar otros espacios de operación. La vida no discurre en las provincias», dijo. El presidente se mostró optimista, no obstante, y cree que con los datos en la mano que ya maneja la Generalitat y siguiendo los criterios que ayer les trasladó el Ministerio de Sanidad a las comunidades «la Comunitat estará en condiciones de cambiar de pantalla en 10 días».

Además de dar cuenta a los portavoces de las medidas que el Consell propone para la desescalada, Puig también explicó a los grupos que el pacto por la reconstrucción que ha ofrecido a partidos, empresario y sociedad civil echará a andar en los próximos días con una comisión en Les Corts. El objetivo del acuerdo es buscar soluciones inmediatas tanto para las personas como para las empresas, pero también pensar a medio y largo plazo, pues según Puig 2021, 2022 y 2023 «serán años excepcionales, como lo será toda la década», que estará marcada por esta pandemia.

El presidente avanzó que la Generalitat ha encargado al director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, un primer informe de situación, que puede servir de base para empezar trabajar. «Cómo se hará y hasta dónde llegaremos no se puede decir ahora», dijo, y pidió no poner por delante las conclusiones, pues se está en el inicio del proceso de acuerdo, explicó.

En este sentido, la presidenta del PPCV y portavoz del grupo popular, Isabel Bonig, exigió a Puig un plan de desescalada valenciano que cuente con todos los sectores productivos y reclamó que la «voz del tejido económico y social valenciano se haga oír» en la próxima conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. Bonig pidió a Puig que haga como en Galicia y «adelante el dinero a los trabajadores afectados por un ERTE que no han cobrado»; propuso la realización de test masivos para hacer una desescalada con garantías, y ofreció la colaboración del PP para «crear un plan de choque y hacer un clúster sanitario».

Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, trasladó al presidente su propuesta de «aplicar un ERTE al Consell» porque es «necesario recortar la Administración pública para liberar recursos y destinarlos a lo importante, que es la lucha contra el coronavirus». Cantó instó a Puig a «no imitar al Gobierno central y no comunicar las medidas fundamentales, como el plan de desescalada, sin haber escuchado ni a la oposición ni a la sociedad civil».

La síndica de Vox, Ana Vega, por su parte, exigió al presidente que la Generalitat lleve a cabo test masivos y entregue material de protección a sanitarios y residencias, e insistió en que los autónomos no paguen ninguna cuota al tener cero ingresos. Vega reclamó destinar las ayudas a sindicatos, partidos y asociaciones a la covid-19 y avisó de que, «si la hoja de ruta se asemeja a la Sánchez, Vox no dará su apoyo».

En su turno, el portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, también se mostró contrario a los planes del Gobierno y pidió que se plantee la desescalada por comarcas y áreas de salud atendiendo a las particularidades de cada zona, que se busquen «soluciones alternativas a los de la estructura provincial» y afirmó que el gran acuerdo de reconstrucción «debe blindar la sanidad pública» y debe «escuchar a técnicos, epidemiólogos, sindicatos y empresarios».

La síndica de Unidas Podemos, Naiara Davó, defendió una desescalada que garantice la salud pero también los ingresos y recursos para las personas que están en una situación vulnerable y ha pedido que «se gestione atendiendo a nuestra singularidad territorial».

Por su parte, el portavoz de Compromís en Les Corts, destacó que será «fundamental» actuar con mucha responsabilidad las próximas semanas y mostró su esperanza en que esa desescalada se pueda hacer «en una escala más próxima a los ciudadanos que la provincia para beneficiar a las zonas rurales menos afectadas por el Covid».