Puig corrige a Soler y se inclina por elaborar nuevos presupuestos para 2020

La conselleria de Hacienda no ocultó el pasado viernes su optimismo. La decisión del consejo de ministros de desbloquear la actualización de las de entregas a cuenta para la Comunitat, que supondrá unos ingresos adicionales de 460 millones para la Comunitat garantizaba el cierre de un ejercicio presupuestario que, sin esos fondos y sin la activación de los 365 millones del extra FLA, habría retratado la quiebra económica de la Generalitat. Las tensiones de tesorería de la administración autonómica -recortes mediante- quedaban superadas.

Pero el consejo de ministros no aprobó únicamente esa actualización de entregas a cuenta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también hizo públicas las cifras de la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2018, y que las CCAA recibirán a lo largo de 2020. En el caso de la Comunitat Valenciana, algo más de 1.800 millones de euros. Y desvelar ese dato complica el deseo de la conselleria de Hacienda de prorrogar las cuentas de 2019.

El departamento que dirige Vicent Soler vino a pronunciarse más o menos en esos términos al explicar que sí, que se conocía la liquidación, pero que seguía sin conocerse la cuantía global de las entregas a cuenta de 2020 –no las de 2019, que son las que se desbloquearon el viernes–. Y es cierto, esas entregas a cuenta, que este año han superado los 9.000 millones de euros, constituyen la parte principal de los ingresos de la Comunitat y, por tanto, resultan claves para decidir o no la prórroga de presupuestos.

Hasta la fecha, la conselleria de Hacienda se ha venido inclinando por la prórroga de presupuestos. Fuentes de ese departamento así se pronunciaron el mismo viernes, tras conocer los datos del ministerio. «No tenemos bastante información sobre los ingresos totales», se señaló, además de recordar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) van a seguir prorrogados.

Pero el Palau de la Generalitat no comparte la posición del conseller de Hacienda. El presidente Ximo Puig ha trasladado a sus colaboradores su oposición a que la posición de partida del Consell sea la de prorrogar los presupuestos. El líder socialista considera que optar por esa salida, a menos de un mes para las elecciones, constituye una cierta renuncia a las capacidades del Gobierno valenciano para ordenar la distribución de los recursos de que dispone. Un problema de imagen que se sumaría al que vendría generado de tener que distribuir los fondos aprobados para 2019 sobre una administración que, tras las elecciones del 28 de abril y la reedición del Gobierno del Botánico, ha cambiado de forma sustancial -más departamentos, más personal, más empresas públicas...-.

Presidencia recuerda que los presupuestos de 2019 ya se hicieron con los PGE prorrogados, y por tanto, sin una certificación 100% fiable de las entregas a cuenta. Y subraya que no contar con unas cuentas aprobadas implica el mantenimiento del gasto de personal y corriente -aunque congelado-, pero también que los gastos plurianuales y las líneas nominativas de inversión queden paralizadas. De hecho, en ese caso es necesario recurrir a decretos leyes que debe aprobar el Consell, primero, y ratificar Les Corts, después, para sacar adelante prácticamente el día a día de la gestión presupuestaria «y justificar la urgencia» de las medidas. «¿Qué hacemos con Ford si no podemos aprobar la subvención anual?», se preguntó un cargo socialista.

El propio Puig anunció ayer que hará «todo el esfuerzo» para que pueda haber unos presupuestos de la Generalitat para 2020 que puedan dar cobertura «a lo que tiene que ser un proyecto de progreso y prosperidad social para la Comunitat Valenciana». Eso es «lo razonable», explicó, y lo que el Consell que preside intenta hacer cada año, aunque señaló que es necesario «tener en cuenta las circunstancias en las que vivimos».

La tesis defendida por la conselleria de Hacienda vendría a asumir no sólo el evidente problema de plazos existente -si no se quiere prorrogar los presupuestos, hay que aprobar el anteproyecto de ley antes del día 31 de octubre -quedan poco más de 15 días-. Y el problema ya no es tanto de la gestión técnica de la reasignación de recursos, como de la negociación con los socios del Consell.

Porque el problema sobre la mesa, se explica desde Hacienda, sería menos la elaboración de las cuentas como asumir que los presupuestos tendrían que incorporar un cierto recorte respecto a los de 2019. Después del plan de ajuste para poder cumplir el déficit y la regla de gasto, la imposibilidad de mantener unos niveles de crecimiento cercanos al 10% como los de las cuentas actuales -el contexto macroeconómico sitúa las expectativas de crecimiento en el 2%-. Con una administración más grande y unas expectativas de crecimiento más pequeñas, la reordenación de recursos en unos nuevos presupuestos llevaría aparejados recortes para algunos departamentos. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, se admite, la discusión entre los socios del Botánico respecto a qué departamentos asumirían esos recortes sería complicada.

Desde el Palau de la Generalitat se considera que, como posición de partida, el Consell debe de agotar las opciones de intentar aprobar nuevos presupuestos para 2020. De hecho, haber podido aprobar los presupuestos de la Generalitat cada año de la pasada legislatura fue exhibido como uno los hitos más destacados del Botánico. Eso sí, también se reconocen las innegables dificultades para llevarlo a cabo y se reconoce que, llegado el caso, puede acabar siendo la única opción posible. «Pero que sea después de intentarlo, no como primer escenario».

Bajo el foco, la gestión del conseller de Hacienda, Vicent Soler, cuestionado por los grupos de la oposición por haber hecho de los ingresos ficticios una herramienta presupuestaria más, y desde Compromís y Podemos por dar luz verde a unos recortes -de 365 millones de euros- de los que no ha informado hasta la fecha. De hecho, Soler comparece hoy en Les Corts para informar de unas retenciones de crédito que se remitieron hace más de 15 días al ministerio de Hacienda.