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REDACCIÓN
VALENCIA.
Domingo, 19 de enero 2020, 00:03
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación antes de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV para tratar de rebajar el enfrentamiento entre los empresarios y el Consell acerca de la ampliación del Puerto de Valencia. La escalada de tensión alcanzó su máximo nivel el pasado viernes con las declaraciones de Salvador Navarro, presidente de la CEV, que pidió a Mónica Oltra que deje de hacer demagogia con sus afirmaciones de que el proyecto pone en riesgo «el futuro de nuestros hijos».
El dirigente del Palau exhibió ayer su lado más conciliador con el sector empresarial frente a las posiciones más extremas que defiende Compromís en el Consell. Por un lado, evitó ratificar la opinión de su vicepresidenta. Puig optó por restarle importancia y referirse al polémico mensaje como una «interpretación de sus palabras». «Todos queremos lo mejor para nuestros hijos y nietos y eso no sabe de visiones políticas. Cada uno intenta hacer lo mejor posible desde una posición ética y responsable. Nadie plantea cuestiones que puedan devenir en algo negativo para futuras generaciones», aclaró.
«No tenemos vocación de enfrentarnos a los empresarios. Todo lo contrario», añadió Puig respecto a la polémica. De igual modo, subrayó el diálogo con el sector, como una de las claves del Botánico, aunque la postura de sus socios de Gobierno ha generado no pocas tensiones con los empresarios por otros asuntos. El de mayor envergadura, Intu Mediterráneo. «El Puerto debe transitar por el diálogo, entre la ciudad, el entorno y la economía», insistió. «No se puede hacer una dicotomía entre empleo y sostenibilidad». Es más, para el presidente la sostenibilidad también incluye la creación de puestos de trabajo.«Esto no es incompatible». El dirigente del PSPV subrayó la búsqueda de la racionalidad y ver qué se necesita de acuerdo a la seguridad jurídica. Puig apostó por reafirmar el diálogo entre todos los actores «sin enfrentamientos estériles» y buscando el interés general.
El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, defendió, por su parte, que el Puerto de València «tiene que escuchar y estudiar» las alegaciones una vez finalizado el plazo para presentarlas y así «mejorar el proyecto que tiene presentado». Respecto a la postura que mantienen los populares en Les Corts con esta cuestión -piden una declaración institucional de apoyo del Parlamento- manifestó que al PP «le importa más ganar votos que ganar un puerto más sostenible».
Las discrepancias entre los socios del Gobierno en el Consell también se han trasladado al Gobierno del Ayuntamiento. En la Junta de Gobierno no hubo unanimidad en alguna votación sobre el recinto porque Compromís introducía demasiados criterios políticos frente a los técnicos. El PSPV siempre ha mantenido que las decisiones se deben asentar en los dictámenes de los expertos.
La confrontación reside en si es necesario un nuevo informe de impacto ambiental. El Ministerio de Fomento confirmó la vigencia de la anterior declaración de 2007. Desde el Puerto se defiende que no ha habido modificaciones sustanciales del proyecto original como para invalidar el informe inicial. Compromís no piensa lo mismo. Recientemente, la institución informó de que han recibido 216 alegaciones al proyecto de construcción y explotación del proyecto. El 95% (205) son positivas y un 3,7% (8) son negativas.
Todo esto se produce en un escenario con continuos cambios. El pleno del Consell del viernes confirmó las novedades en los puestos que controla en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para situar a políticos y cargos públicos en sillones que tradicionalmente ocupaban empresarios como el naviero Vicente Boluda.
El también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) mantendrá su presencia en ese órgano, ya que la patronal autonómica le designará como su representante en el consejo del Puerto. La voz de la Generalitat en la cúpula portuaria, en la que el PSPV refuerza su poder con dos miembros más que en la anterior legislatura, corresponderá a la alcaldesa de Gandia, la socialista Diana Morant, la eurodiputada del PSPV Inmaculada Rodríguez-Piñero, que repite como consejera de la APV, e Iván Castañón, director general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia y mano derecha de Mónica Oltra. Sustituye, por la cuota de Compromís, al comisionado del Corredor Mediterráneo y ex secretario autonómico de la Conselleria de Obras Públicas, Josep Vicent Boira. Completa la representación de la Generalitat en ese órgano el presidente de la CEV, Salvador Navarro, con mandato vigente hasta 2021.
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