Lo que Puig se juega con el trasvase

La medida que adopte el consejo de ministros este martes, una vez recibido el visto bueno del Consejo de Estado –pese al reproche en las alegaciones a que no se haga compatible ese caudal ecológico y el mantenimiento del trasvase– no afecta únicamente, aunque sí principalmente, a los regantes de la cuenca del Segura. Dar la puntilla al trasvase, ponerle prácticamente fecha de caducidad, no representa sólo un castigo a los agricultores de las comarcas del sur de la Comunitat, Murcia y Almería y a las posibilidades de futuro de estos territorios.

La medida tiene un calado político destacable, quizá determinante, que a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas puede resultar letal, en particular, para los socialistas valencianos. Que la reivindicación de suficiente agua para riego no tenga en las provincias de Valencia y Castellón el impacto que sí que produce en la de Alicante no resta trascendencia a la situación.

«A veces parece que Pedro Sánchez quiera que Puig caiga», proclamaba hace pocos días el presidente de los empresarios, Salva Navarro, en una entrevista con El Español. El PSPV tiene poco o nada que ganar con esta polémica. En realidad, las comarcas del sur de la Comunitat son el peor caladero de voto para los socialistas valencianos, donde los usuarios regantes han mostrado en repetidas ocasiones su indignación con el ninguneo que reciben hacia sus problemas.

Los socialistas no tienen nada que ganar, entre otras razones porque se trata de un voto bastante decidido, y no es para el PSPV. Pero sí que tienen mucho que perder, porque movilice ese voto de cabreo con la inacción del Consell y porque la polémica del trasvase alimenta esa tesis que cuestiona la falta de influencia del presidente de la Generalitat sobre el Ejecutivo central. La apelación a la negociación, el diálogo y el acuerdo no sólo no ha conseguido hasta la fecha el objetivo propuesto. El ministerio para la Transición Ecológica protagonizó hace pocos días un episodio más de ese ninguneo hacia el Gobierno valenciano en esta materia. El borrador de acuerdo alcanzado en la Mesa del Agua fue modificado in extremis y a espaldas del Ejecutivo valenciano. Una jugarreta más propia de la política que aparece en las serie de televisión que de una negociación seria entre responsables de una misma orientación ideológica.

La vicepresidenta Teresa Ribera se ha venido escudando en que la reducción del caudal transferible en el trasvase Tajo Segura se produce porque estaba pendiente ejecutar cinco sentencias del Tribunal Supremo que condenaba al Estado porque no existía un caudal ecológico para el río Tajo. Pero ha omitido que la redacción del real decreto no garantiza la coordinación de los planes del Tajo y del Segura ni el cumplimiento de la legislación del trasvase.

El calculado silencio de Sánchez en relación con este asunto alimenta aún más la preocupación en el seno del PSPV. «Es que ni tan siquiera ha salido a calmar a los regantes», reconoce en privado un cargo del partido en la Comunitat. El presidente del Gobierno ha cedido todo el protagonismo en este asunto a su vicepresidenta Ribera, a la que ha evitado en todo momento desautorizar. Una pista de por dónde puede venir el acuerdo del martes, ignorando muy probablemente esa letra pequeña del dictamen del Consejo de Estado.

En la reunión que el pasado lunes mantuvo Puig con los altos cargos de su Consell, el presidente valenciano apelaba a la gestión de su Gobierno como el mejor aval posible para llegar a los próximos comicios en condiciones de revalidar la hegemonía electoral de la izquierda. Algún alto cargo reprochó al líder de los socialistas valencianos que ignorara en su análisis la importancia del partido. Nadie lo dijo, pero flotaba en el ambiente, la certeza de que a esas elecciones –a diferencia de las de 2019– Puig huirá del abrazo de Sánchez.

El trasvase o la falta de impulso al corredor mediterráneo, se suman al sonrojante retraso de la reforma del sistema de financiación autonómica. Asuntos, todos ellos, que pueden tener poca o ninguna influencia electoral en comparación con lo que supone el vendaval de más de 200 condenados por agresiones sexuales puestos en libertad con la ley del 'sólo sí es sí', o con la insistencia del independentismo catalán por mantener vivo el procés. Pero que, en todo caso, no generan ninguna tendencia positiva para los próximos comicios. «Gestión, gestión y gestión», le dijo Puig el lunes a sus altos cargos. 'Y Sánchez, como si no existiera', habría podido añadir.

En la provincia de Alicante viven casi dos millones de personas. Una treintena de localidades disponen de una población superior a los 20.000 habitantes. En las elecciones autonómicas se ponen en juego 35 escaños de Les Corts. El PP valenciano gobierna la Diputación provincial, la capital de Alicante y también algunas de las localidades más importantes. El PSPV se juega en Alicante su hegemonía electoral en La Comunitat, y las decisiones del Gobierno de Sánchez no le ayudan.