Puig, sobre Azud: «Si alguien del PSPV hizo algo, que asuma las consecuencias»

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, se ha desmarcado de cualquier tipo de responsabilidad en los hechos investigados en el caso Azud. Secretario general del partido en la Comunitat desde 2012, diputado autonómico en Les Corts del grupo parlamentario socialista (fue su portavoz entre 2000 y 2003) durante 15 años entre 1983 y 2011, diputado nacional a partir de entonces y hasta que en 2015 alcanzó la jefatura del Consell, Puig elude cualquier tipo de vinculación con la investigación de un asunto relacionado con la financiación de su partido y a las campañas electorales de 2007 y 2008. Cosas del pasado. «Si alguna persona vinculada al PSPV ha hecho algo no correcto, tendrá que asumir las consecuencias», señaló ayer Puig en la entrevista en la Cadena SER que el dirigente socialista realiza todos los años en este medio de comunicación desde que es jefe del Consell, un clásico de la Navidad.

Puig, como ya comentó un dirigente del PSPV la semana pasada, conoce el informe de la UCO por lo que lee en prensa, según dice. Sin embargo, no se da por enterado que las intermediaciones de uno de los implicados en la investigación, el exresponsable de finanzas del PSPV, Pepe Cataluña, con cargos relevantes del ámbito socialista se extiende hasta, al menos, 2019, según los datos recogidos por la Guardia Civil. Y si alguien ha hecho algo, que lo pague, ha indicado.

El dirigente socialista afirmó que «ninguna persona imputada directamente en esa causa tiene nada que ver con la actual dirección del PSPV», si bien admitió que contempla el proceso judicial «con la intranquilidad que genera cualquier caso de corrupción.

«Como en todos los procesos judiciales, habrá que ver cómo se configura la cuestión judicial, que es la que determina todo», indicó el jefe del Consell, que reiteró su «respeto absoluto a lo que diga lo justicia». No obstante, recordó que los responsables de las campañas electorales de los años que se investigan dicen que todo se hizo de acuerdo a la ley «y eso es la presunción de inocencia», pero ha agregado que, «cuando se derive judicialmente, se tomarán las decisiones oportunas».

Puig, en cualquier caso, recalcó que «desde 2015 hemos conseguido elevar el nivel reputacional» de la Comunitat.

El presidente, que insistió en que las elecciones autonómicas serán en mayo de 2023, admitió que la reforma del modelo de financiación autonómica «hoy parece difícil. Pero es tan difícil como irrenunciable para nosotros». El dirigente socialista admitió que durante la actual legislatura «no hay avances significativos», más allá de que se ha conocido una propuesta del Gobierno central de la que nunca más se supo, a pesar de que la ministra Montero anunció en agosto que «a la vuelta del verano, en septiembre u octubre», insistiría en presentar otra fórmula.

Puig lamentó que «el ambiente político» nacional no está ayudando a conseguir encauzar la financiación, ya que, «si no hay acuerdo en algo que se había aplicado siempre y que es la renovación del Poder Judicial, imagínese la financiación». El jefe del Consell reconoció que la situación de bloqueo es «frustrante», pero advirtió que no por ello la Comunitat debe «renunciar a que se cumpla la ley o pensar que a los valencianos nos ha tocado esto y ya está».

«Se necesita un pacto de Estado que tenga que ver con las comunidades autónomas y con el Congreso. Hoy parece difícil, pero es tan difícil como irrenunciable para nosotros», señaló Puig, para quien debe mantenerse la cohesión en la Comunitat respecto a esta «reivindicación colectiva».

Respecto a sus roces con el Gobierno central y la falta de sintonía que se produjo en relación a los impuestos, Puig valoró el acuerdo en la Comunitat para la reforma fiscal y subrayó que las medidas tributarias que anunció perseguían, por parte del Consell, «el interés general de la Comunitat Valenciana y lo seguiremos haciendo».

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