El Consell recuerda al Gobierno el cierre perimetral en plena llegada de inmigrantes

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, compareció ayer para explicar los acuerdos alcanzados en el Pleno del Consell. Pero el foco de interés era otro. La primera cuestión y principal de toda la rueda de prensa fue la de los inmigrantes que han llegado en vuelos en los últimos días. La polémica monopolizó prácticamente toda la exposición.

La falta de información de estos traslados, conocidos fundamentalmente a través de los medios de comunicación, motivó que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, contactara el jueves por teléfono con responsables del Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la conversación le trasladó la necesidad de que el Ejecutivo central garantice el cierre perimetral de la Comunitat, tanto por la llegada de inmigrantes como del resto de personas que ingresan en la región, según las explicaciones que ha ofrecido la vicepresidenta.

«El cierre perimetral es para todos aquellos que vengan sin los motivos justificados que recogen los decretos», aclararon fuentes del Consell. Esta preocupación se produce cuando la Comunitat está recibiendo vuelos con inmigrantes y no ha estallado hace una semana, por ejemplo, cuando el cierre de la Comunitat también estaba vigente.

La Policía Nacional, según detallan fuentes conocedoras del operativo, ya efectúa ese control. En los aeropuertos, por ejemplo, se sanciona a las personas que no cumplen los requisitos para poder viajar. Pero no se les puede impedir la entrada. Esa propuesta de sanción se materializa posteriormente en una multa por las dificultades de dar con estos viajeros.

La responsable autonómica, no obstante, aclaró que las personas llegadas en las últimas horas y sometidas a control policial no forman parte del acuerdo alcanzado con el Gobierno por parte de la Generalitat. En una reunión, a finales de noviembre, se pactó la colaboración entre el Ministerio y el Consell para ofrecer una serie de instalaciones para la acogida de estos inmigrantes, según ha detallado.

El Ejecutivo central se comprometió al pago de los costes que generaran, mientras la Generalitat se haría cargo de la manutención y el alojamiento. La Generalitat dispone de 120 plazas para estas necesidades, aunque el número se podría ampliar.

Pero se desconoce cuándo empezarán a llegar los primeros inmigrantes que sí formarían parte de la decisión consensuada en su día con el Gobierno. Desde el Ejecutivo no han informado oficialmente acerca de esta posibilidad, aunque fuentes próximas al Gobierno central sí confirmaron a este diario que el acuerdo se está ultimando y afectaría únicamente a mujeres y menores de edad.

Pero los movimientos de inmigrantes de las últimas horas en vuelos entre Canarias y la región no responden a esa colaboración, insistió Oltra durante la rueda de prensa. Se trata de una cuestión del Gobierno central.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció el miércoles que el Gobierno había trasladado en los últimos días a cerca de 300 inmigrantes procedentes de campamentos y hoteles de Canarias. La mayoría de estas personas indocumentadas son magrebíes y llegaron al aeropuerto de Manises en ocho vuelos de las compañías Ryanair y Vueling sin realizarles pruebas PCR para evitar posibles contagios de Covid-19, de acuerdo con su versión.

Pero Interior niega rotundamente estar detrás de traslados organizados a la Comunitat. A consultas de este diario, esta es la respuesta: «El Ministerio del Interior ni organiza, ni gestiona ni financia traslados de migrantes desde Canarias».

Los constatados refuerzos policiales en el aeropuerto de Manises con vigilancia a vuelos llegados de las islas y con foco en los inmigrantes de pateras no serían extraordinarios e irregulares, como denuncia el sindicato Jupol. Así lo ve Interior: «Se realizan habitualmente controles en origen y en destino, tanto para control de medidas restrictivas de movimientos por el COVID como para detectar cualquier delito, como la falsedad documental. Son legales y están dentro de las competencias de las Fuerzas de Seguridad».

Pero esto también tiene matices. A pesar de esta respuesta a LAS PROVINCIAS, el propio Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska declaró a Europa Press que sólo se ha autorizado traslados, «muy esporádicos» y en número «muy limitado», de inmigrantes de Canarias a la península. Son, dice el ministro, «personas vulnerables o susceptibles de ser acreedorasde protección internacional».

Añade Grande-Marlaska que los controles no son solo para los inmigrantes, «sino para todos los ciudadanos». Sin embargo las instrucciones operativas que Interior ha dado a la policía respecto al control de vuelos son muy explícitas: «control a la entrada de extranjeros que han llegado irregularmente a España en patera o cayuco».

La portavoz de Política Social del PP en Les Corts Valencianes, Elena Bastidas, acusó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la vicepresidenta de Consell, Mónica Oltra, de «mentir y ocultar» la llegada de inmigrantes a la Comunitat Valenciana. Bastidas presentó una batería de preguntas en Les Corts dirigidas a la vicepresidenta para conocer el alcance y la dimensión de la llegada de extranjeros.

La misma medida han tomado los populares a nivel municipal. La portavoz María José Catalá quiere que el alcalde Joan Ribó le explique si hay algún plan o dispositivo especial ante la llegada de inmigrantes.

La actitud del Gobierno con el refuerzo de controles y foco en los inmigrantes de pateras contrasta con ese talante aperturista de región «acogedora» con el que la Generalitat vistió en su momento la llegada de los viajeros del Aquarius.