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Será el lunes y mediante decreto ley. La reforma fiscal anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante el debate sobre el estado de la Comunitat, se aprobará a principios de la semana que viene, en una reunión extraordinaria del pleno del Gobierno ... valenciano. Y se hará de manera retroactiva, para que la bajada del impuesto a las rentas menores de 60.000 euros se pueda aplicar desde el 1 de enero de 2022 y se note ya en la declaración de la renta de 2023. No será mediante la ley de acompañamiento, como en su día se anunció, pero el anteproyecto de ley de medidas fiscales para 2023, también se aprobará en esa reunión e incluirá, casi con seguridad, algún retoque para subir algún impuesto a las rentas más altas, pero a partir del próximo año. Sin embargo, el anuncio de Puig, durante la sesión de control de este jueves en Les Corts (la primera desde julio), no ha terminado de sentar bien a sus socios. María José Catalá ha afirmado que «aprueban en el Consell una cosa, luego el PSOE dice otra cosa y, de por medio, Compromís y Podemos metan la cuchara y suben los impuestos a todos. Eso es lo que está pasando esta semana con la Tasa Turística y la Ley del Cambio Climático: 4 nuevos impuestos que castigan a las azulejeras, a la industria y al sector turístico. Con una cesta de la compra 800 euros más cara que hace un año, con la mitad de los valencianos que no llegan a final de mes y con las empresas abandonando la Comunitat por la presión fiscal». Catalá ha señalado que «lo que necesita esta Comunidad es bajar los impuestos, el cambiar el modelo de financiación y una mayor inversión del Estado. La realidad es que en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales suben un 10% 4.529 tasas y no baja ni un solo impuesto. Dice una cosa y hace otra. Suben impuestos por la puerta de atrás».El presidente ha puesto fecha tope a la aprobación de la reforma fiscal, pero desde su Gobierno ya avisan de que en el momento en que ha hecho el anuncio, «aún no hay acuerdo». «Anunciarlo hoy es, como poco, temerario. Lo hace para presionar», lamentan desde Compromís y Unidas Podemos. Pero, el presidente lo ha anunciado durante la respuesta a la síndica del PPCV, María José Catalá, que le había preguntado por la reforma. «Los valencianos ni están para bromas ni son tontos», ha dicho. «No estamos para que nuestro presidente anuncie una reforma fiscal y 23 días después no haya nada». De hecho, Catalá ha recordado que Puig «aumentará un 10% más a 4.529 tasas autonómicas a todos los valencianos: Suben impuestos por la puerta de atrás».
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JC. Ferriol Moya M. Hortelano
En su turno, Puig le ha recordado que en una situación de crisis «siempre hay distintas maneras de abordar las crisis», y ustedes «saben cómo la abordaron. Nosotros hemos abordado la crisis con responsabilidad y en el límite de nuestras competencias, con todo lo que podemos hacer por las personas», ha dicho antes de detallar medidas como la gratuidad de libros de texto, ayudas al comedor, bajada de tasas universitarias, gratuidad de transporte público, se ha suspendido el canon del agua, se ha ayudado a autónomos... «Hay una respuesta valenciana a la inflación y es lo que vamos a seguir haciendo. El próximo lunes se reunirá el Consell y se aprobará la reforma fiscal y también la ley de medidas».
También sobre la reforma fiscal, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha acusado a Puig de «cambiar de posición» al afirmar antes de anunciarla que era necesario penalizar a las comunidades que se benefician del sistema de financiación autonómica. «La que lió en un rato», ha dicho respecto a la «guerra» que a su juicio despertó en el seno del PSOE el anuncio de la reforma fiscal de Puig, tras lo que ha criticado que «se desdijo al más puro estilo Pedro Sánchez». La portavoz 'naranja' ha hecho notar que de momento es una «reforma fantasma» y que, según sus cálculos, «su rompedora rebelión fiscal supone de media un ahorro anual de 111 euros» para cada valenciano, lo que ve como una «limosna». «Ha querido distanciarse de Sánchez, pero no cuela», ha espetado.
Además, ha instado al 'president' a no sacar pecho de la gratuidad del transporte público de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) porque hay «miles de personas sin cita previa» para la segunda cita para obtener el título, según recoge Europa Press. En su respuesta, Puig ha asegurado que «en ningún momento» dijo que la reforma fiscal supondría un «castigo» para la Comunitat, sino que el sistema de financiación tenga en cuenta el esfuerzo de cada autonomía. «Y sobre todo, que tenga en cuenta de verdad lo que aporta cada ciudadano», ha recalcado. Ha defendido que la Generalitat acata lo que dicen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo -«peligrosos izquierdistas», ha ironizado- y ha negado que la Comunitat «vaya mal». «Datos como que somos la CCAA con la tasa más baja de personas en situación de sin hogar levantan la moral de este gobierno», ha aseverado.
Por parte de Compromís, Papi Robles ha abogado por una cláusula en la contratación pública para que la administración priorice a las empresas que le pagan mayor salario a los empleados, ya que «la gente trabajadora y las familias son las que están pagando esa crisis». Robles ha defendido un pacto de rentas «para que la gente cobre más» y ha propuesto «blindar los servicios públicos siempre». Por ello, ha considerado que «no se pueden bajar los ingresos de la administración» ya que son estos los que garantizan los derechos públicos. En su respuesta, Puig ha señalado que es un momento «muy complicado» para las familias que tienen menos ingresos y ha asegurado que el Consell está «determinado a intentar influir para intentar proteger a las familias». Por ello, ha apostado por un «pacto de rentas real» para evitar las «diferencias insolidarias» que «no son asumibles para que se rompa la sociedad». Para Puig, la única manera de blindar estas cuestiones es que «haya una mayoría progresista».
Desde Vox, Ana Vega le ha reprochado al president que, a su juicio, incumple el artículo 27.3 de la Constitución, sobre la «libertad de educación». Así, ha augurado que esta materia «tendrá mucho que ver en la caída» del Botànico. En este sentido, ha cargado contra la educación afectivo sexual y ha criticado el «modelo educativo importado de las entrañas del separatismo solo como una mancha en el expediente» de la Comunitat Valenciana. En su respuesta, Puig ha instado a Vega a «leer la Constitución entera, no solo a ratitos» y ha señalado que el mismo artículo que ha citado habla de educar en valores democráticos. También ha criticado que el «adoctrinamiento» era «la formación del espíritu nacional» que Vox quiere «mantener como bien de interés cultural». El presidente ha señalado que los profesores valencianos son «personas decentes» y «buenos profesionales que no hacen ningún adoctrinamiento». También se ha preguntado a qué se refiere Vega con «libertad de educación»: «¿Si un padre dice que no quiere que su hijo estudie matemáticas, no estudia matemáticas?»
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