Puig retrasa la regulación de los lobbys a través de un decreto seis meses atascado

El decreto que aplicará la ley que regulará los grupos de presión permanece congelado en la nevera del Consell desde hace meses. ... Desde abril. Y así permanecerá. Los más optimistas señalan que se desatascará en un par de semanas. En junio también se aseguró que «es una cuestión de días»... y así, uno tras otro, desde entonces han pasado un centenar de días, que se suman a los anteriores. Como muy pronto, en octubre. O no. El problema sigue en el mismo sitio. El decreto es competencia de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo (EU). En abril lo dejó listo para su aprobación por el Consell. Sin embargo, desde Presidencia se pusieron reparos. El área que lidera el socialista Ximo Puig pretendía incluir una serie de premisas con el fin de atar más en corto a los altos funcionarios de la Generalitat. Se elevaron consultas a la Abogacía de la Generalitat. Incluso se pidió la intermediación de Mónica Oltra. Nada de todo eso ha resultado. Tras las «cuestiones técnicas, flecos» que argumenta Presidencia, hay también «un conflicto político», según fuentes conocedoras de la negociación. Desde la Generalitat se apunta ahora a que el decreto permanece atascado porque, tras la elaboración de los informes, desde Presidencia no se da cita a Transparencia para cotejar qué dice la Abogacía que se puede retocar del decreto. Mientras todo esto se dilata, los lobbys hacen su trabajo.