Puigdemont, cada vez más solo en Waterloo

Tras la declaración de independencia, en octubre de 2017, el secesionismo se partió en dos. Hubo un sector que apostó por asumir las consecuencias y afrontar un juicio, que acabó con la condena por sedición para nueve de los dirigentes nacionalistas y penas de nueve a trece años de prisión. Pero hubo otro bloque, encabezado por el expresidente de la Generalitat, que se negó a reconocer la autoridad de la justicia española, y huyó al extranjero. En un primer momento, marcharon junto a Puigdemont Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret, Anna Gabriel y Marta Rovira (también Quim Forn, Meritxell Borràs y Dolors Bassa, pero regresaron de inmediato). Hoy solo quedan Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí, en Bruselas, y Marta Rovira, en Ginebra.

En el independentismo, creen que tarde o temprano esta última acabará optando por la vía que ya eligieron Serret y Gabriel, que acabaron regresando tras asegurarse de que solo serían juzgadas por desobediencia. Rovira también ha contratado al abogado Iñigo Iruin, un histórico de la izquierda abertzale que pilotó el regreso de Serret y Gabriel. Después de que el instructor del Supremo, Pablo Llarena, haya cambiado su auto de procesamiento para acusarle solo de desobediencia, como a la secretaria general de ERC, Ponsatí ya ha expresado su intención de regresar de inmediato. Aunque en su caso advierte de que no se presentará ante el alto tribunal español.

El último que también está realizando movimientos para intentar regresar es Lluís Puig, exconsejero de Cultura, que todos estos años ha formado parte del núcleo duro del 'exilio' en Waterloo junto a Puigdemont. El diputado autonómico por Junts ha cambiado de abogado y se ha apartado de la estrategia jurídica del expresidente de la Generalitat. Ambos compartían a Gonzalo Boye, abogado del narco Sito Miñanco y que fue condenado a prisión por colaborar con ETA.

Puig ha abandonado a Boye y ha contratado al exconsejero catalán del Interior, Miquel Sàmper, porque quiere «volver a casa». Ha recurrido el nuevo auto de Llarena, que le mantiene la acusación por malversación y desobediencia. Él nunca estuvo acusado por sedición, a diferencia de Puigdemont, Comín y Ponsatí. El exconsejero ha pedido al juez del Supremo que le retire la malversación y dejarle solo acusado de desobediencia como Ponsatí y Rovira. Puig ya no descarta negociar con el Supremo garantías para no ir a prisión si regresa, al igual que Serret y Gabriel.

El caso es que el recurso al Supremo y el cambio de abogado se han producido en vísperas de una importante decisión judicial que afectará a Puig y tendrá consecuencias sobre Puigdemont. Este 31 de enero, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), última instancia judicial europea, dictará sentencia sobre las euroórdenes de extradición. Llarena planteó una cuestión prejudicial al TJUE para saber si Bélgica puede rechazar la entrega de Puig. De momento, el abogado general de la UE, que suele coincidir con la posición final del tribunal, asegura que no se puede denegar la extradición sin demostrar «deficiencias sistémicas» del Estado de derecho en España.