El Poder Judicial tilda de desleal al Gobierno por criticar al juez que imputa a Puigdemont

Pese a las matizaciones de Moncloa a la vicepresidenta, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad expresar su «rotundo rechazo» a estas críticas contra García Castellón al considerar que son «contrarias» al «principio de lealtad institucional» y «deber de respeto a la independencia judicial», al tiempo que reclamó «moderación, prudencia, mesura» y responsabilidad» para «evitar la utilización política de la Justicia».

Los tres vocales conservadores que integran la comisión permanente –José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona– habían pedido al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma. Algo que finalmente se hizo de forma telemática para alumbrar un pronunciamiento unánime los citados vocales y los progresistas.

Todos apuntaron a que valoraciones como las de Ribera «merman la confianza» de los ciudadanos en la justicia y contribuyen al «deterioro institucional», tanto más graves si «intefieren en una investigación en curso». Esta severa crítica fue compartida la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, tres de las cuatro asociaciones que representan a los togados. «No es de recibo», zanjó la mayoritaria APM en referencia a las palabras de la vicepresidenta, que este fin de semana se incorporará como vocal a la renovada ejecutiva del PSOE. «La hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen esas afirmaciones, pero es su tarea», remató la vicepresidenta en TVE, en alusión a García Castellón.

Pocos minutos después y atisbando el temporal, la Moncloa puntualizó –sin citar a Ribera– que «el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas». Las fuentes gubernamentales constataron que «en el 'caso Tsunami', las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional». También salieron al paso para tratar de matizar las palabras de Ribera algunos ministros como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Defensa, Margarita Robles –ambos jueces de carrera–; o el de Agricultura, Luis Planas.

Moncloa sí aprovechó para volver a denunciar que si hay «un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el PP está sometiendo al CGPJ» bloqueando su renovación y para sacar a colación el polémico mensaje en su día de un cargo del partido para intentar controlar la Sala Segunda del Supremo por detrás». Pero ni estos reproches ni la enmienda implícita a Ribera hicieron mella en los populares, que salieron en tromba para denunciar la «gravedad extrema» de lo dicho por Ribera.

En Génova lamentan que «el 'sanchismo' haya asumido el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial» y apuntan que la vicepresidenta tercera «pone voz a los que dicen que en España hay 'lawfare'». «Duele ver al Gobierno de nuestro país –dijeron– recitar el argumentario independentista, desprestigiando de paso nuestro sistema democrático. Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts».

La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, exigió a Pedro Sánchez que desautorice a su vicepresidenta. «Este es el precio de la impunidad, el precio de no tener que rendir cuentas ante la justicia, de borrar las sentencias dictadas por los jueces y que estos no puedan actuar en los procedimientos que todavía están pendientes», criticaba. Según Gamarra, las palabras de Ribera suponen «un avance más» hacia «una ley de impunidad a una casta política para que Sánchez retenga el poder.

El señalamiento de Ribera a García Castelló ha abierto una vía de agua en la estrategia del ministro de Justicia y principal negociador del Gobierno, Félix Bolaños, de calmar el malestar en la Judicatura por la amnistía y las comisiones del 'lawfare'. Su ministerio quiso subrayar este viernes que «la voluntad del Gobierno es defender la independencia e integridad de la justicia, así como la labor de jueces y magistrados frente a cualquier cuestionamiento».