À Punt fía su futuro económico a un salvavidas de la Sindicatura de Comptes

La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) sigue sin aprobar las cuentas de la Sociedad que gestiona la Radiotelevisión pública valenciana. La empresa pública de la que depende À Punt tiene obligación de tener fiscalizados y aprobados sus números en el primer semestre del año posterior al ejercicio, pero lo cierto es que el caos económico en el que se ha sumido la gestión ha impedido que a día de hoy las cuentas estén aprobadas. El consejo rector, máximo órgano de la corporación, no validó la liquidación económica de 2018 en su última reunión de la pasada semana, pero busca una solución contrarreloj con la que salvar dos bolas de partido. Y en ambos casos, la Sindicatura de Comptes es crucial.

El primero de los escollos llega a través del artículo 18 de la ley de creación del servicio público de radiodifusión, en el que se señala que el consejo rector deberá cesar al completo si existe un déficit presupuestario igual o superior al 10% de la compensación otorgada por la Generalitat (55 millones de euros en total aunque en el presupuesto consolidado no se alcanza el tope) o una disminución de más del 25% de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual. Ambas circunstancias son un quebradero de cabeza en la empresa pública de la televisión autonómica, que se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial y sólo logró algo más de 800.000 euros en publicidad de los cuatro millones que le obliga a recaudar el contrato programa por el que se rige la relación con la Generalitat, de quien depende el servicio público. El citado artículo de la ley es claro con el cese del consejo al completo, mediante un decreto del Consell. Sin embargo, el órgano fiscalizador de las cuentas de la Generalitat y su sector público podría jugar un papel determinante.

La Sindicatura de Comptes puede elaborar un informe en el que, previa justificación de las circunstancias del incumplimiento de la ley, permita que el consejo continúe en su puesto. El citado informe y la justificación debe ser expuesto ante la comisión de radiotelevisión valenciana en Les Corts, que debería aprobarlo por mayoría. De no ser así, el pleno del Consell, una vez conozca las cuentas de CVMC debería proceder a la destitución del consejo rector y disolver el órgano para nombrar a un administrador único que se haga cargo de la gestión diaria de la corporación hasta que se nombre un nuevo consejo.

Pero la posible causa de disolución del órgano gestor no es el único problema en el que la Sindicatura de Comptes podría jugar un papel fundamental llegado el momento. La Corporación Valenciana de Medios tiene otro problema más allá del incumplimiento.

La liquidación de 2018 ha dado lugar a un informe de auditoría que reclama a la tele que devuelva 9,2 millones de euros que la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC) y la CVMC se han traspasado entre sí, generando una duplicidad de estructuras y un incremento de gastos de funcionamiento que parece innecesario para gestionar la radiotelevisión. Esa duplicidad tiene las cuentas de 2018 en el congelador y ha sido ya fruto de numerosas alegaciones por parte de la empresa pública, que debería devolver el dinero que le reclama la Generalitat. Sin embargo, la Corporación es más partidaria de hacer frente a esos nueve millones con el dinero del año que viene. Pero la Generalitat ya ha avisado: el dinero de la subvención que no se gaste cada año deberá ser reembolsado a las arcas públicas como hacen todas las entidades e instituciones. Las huchas de ahorros ya no están permitidas en el sector público. Así que el desequilibrio patrimonial de las cuentas de À Punt amenaza ya con poner contra las cuerdas a toda su dirección. La situación económica que atisban las distintas auditorías se prevé complicada, con una mercantil con una única fuente de ingresos, la Generalitat, y en pérdidas.

Y ahí es donde la Sindicatura vuelve a entrar en juego, ya que los informes de los equipos auditores no dejan lugar a dudas para evidenciar la cuestionable gestión económica y el que elaborará el órgano estatutario de la Generalitat no podría sonar a otra música distinta para no enfrentar versiones.

Entretanto, la empresa pública de la radiotelevisión valenciana estudia una solución de urgencia para aprobar las cuentas de 2018. Deberá decidir si asume que los 9,2 millones se han empleado de manera errónea y asumir la tesis de la auditoría, o buscar una nueva salida para que los consejeros puedan dar luz verde a la liquidación esta misma semana. En cualquier caso, la solución de continuidad de la empresa que gestiona la tele podría dejar de estar en manos del consejo.