À Punt prepara su reset

Las pérdidas en 2020 fueron de 25,1 millones y en 2021 de 13 millones de euros. Al cierre del ejercicio 2022 la sociedad se encuentra con los fondos propios negativos como consecuencia de los resultados negativos de ejercicios anteriores. La estimación del patrimonio neto al cierre del ejercicio de 2024 se calcula en torno a los 49 millones de euros, lo que conduce a la causa legal de disolución.

El cambio de criterio del IVA deducible (importe provisionado por cuotas de IVA y posibles intereses y el importe de IVA no devuelto y el IVA no deducido), así como el exceso de gasto, han producido un impacto negativo en las cuentas de la sociedad por un importe de 55,2 millones de euros.

Ante esto, y para tratar de darle la vuelta a la situación, borrar los números rojos y restablecer la situación patrimonial de la sociedad, la Generalitat baraja distintas alternativas. Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la administración autonómica valora una ampliación de capital para volver al equilibrio patrimonial. Esta medida sería posterior a la de unificar los dos entes en una única SA, para ganar agilidad, abaratar costes y ser más eficientes y eficaces.

De este modo, se fusionarán las actuales Corporación valenciana de medios de comunicación (CVMC) y la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana (SAMC), dando lugar a la sociedad anónima pública denominada Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A.(en adelante CACVSA). Esa operación se empezará a concretar en septiembre, si bien está en marcha ya el proceso de preparación administrativa y societaria de un procedimiento que se prevé complejo.

La Generalitat mantiene su compromiso de aplicar lo dispuesto en el artículo 53 de la ley de presupuestos de la Generalitat, que pasa por la asunción de todas las obligaciones tributarias sobrevenidas de la corporación valenciana de medios de comunicación y de la sociedad anónima de medios de comunicación de la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha mantenido el presupuesto para Apunt de 2024 en 84 millones (de los que 22,2 corresponden a gastos de personal).

El Consejo Rector se ha demostrado como un órgano de gobierno «incapaz de gestionar y reconducir una deriva de gasto errática e ineficiente», según la administración autonómica. Un órgano de gestión rígido que no es apto para adaptarse a las necesidades de una televisión de la envergadura de Apunt, «más preocupado por la ideología y los prejuicios que por la buena marcha de la televisión pública, los contenidos de calidad y la audiencia».

El actual Consejo Rector tiene una estructura de 10 miembros frente a los 8 del futuro Consejo de Administración. El actual es un órgano ejecutivo y fiscalizador «al que se le atribuían funciones de gestión y decisión lo que conllevaba dualidad de plantillas entre la Corporación (dirigida por el Presidente) y la SA (dirigida por el DG)», según las mismas fuentes. El futuro consejo se constituirá como un órgano de representación y de coordinación con potestades exclusivamente de ratificación de las propuestas del director general cuando su complejidad exceda de la responsabilidad unipersonal del mismo.

La figura del director general será clave en este proceso de reseteo de la televisión valenciana. En el mes de octubre como muy tarde tendría que estar listo el nuevo consejo de administración, con el nuevo presidente a la cabeza; y a partir de ahí, se designará al nuevo CEO de la cadena. En estos meses de transición se seguirá contando con el actual director general Alfred Costa, al que se le valora, por parte de la Generalitat, muy positivamente su gran dedicación, colaboración y profesionalidad.

Otra cosa es la valoración del actual consejo rector. La administración autonómica no ve con buenos ojos que haya aumentado de forma considerable y artificialmente el número de reuniones del órgano durante los últimos meses, con la intención de percibir un mayor número de dietas por asistencia –por cada asistencia a cada reunión, cada miembro del Consejo percibe 600 euros más gastos, según las mismas fuentes–.

En la Generalitat se considera que esta multiplicación de reuniones está vinculada con el convencimiento de que finaliza su mandato. De hecho, al mes se han llegado a celebrar cuatro reuniones del Consejo, cuando lo normal son una o dos. Las normas de la casa establecen que sólo se pueden cobrar dietas por la asistencia a un máximo de tres consejos al mes.

La difícil situación económica de À Punt también ha afectado directamente a todo el clúster audiovisual valenciano, hasta el punto de la imposibilidad de contratar nuevos contenidos para la rejilla; se ha reducido al mínimo en la programación el número de producciones valencianas, hay innumerables horas de redifusión, los contenidos en prime time son mínimos o de baja calidad y el doblaje al valenciano de películas y otros contenidos concentra gran cantidad de recursos.

Toda esta situación, al no poder renovarse los contenidos de la rejilla, han puesto en una situación muy comprometida a las empresas audiovisuales de Comunidad. Y es que estas empresas, pymes la mayoría de ellas, apenas han podido contratar con Apunt en los últimos meses debido al cierre de facto de la rejilla.

La televisión valenciana adeudaba al cierre del primer trimestre a proveedores 6 millones de euros; para resolver esta situación, la dirección general ha hecho un «ejercicio de realismo» en colaboración con la Conselleria de Hacienda y ha acelerado al máximo posible los pagos con el objetivo de saldar de la forma más rápida posible su deuda con proveedores, principalmente productoras; hasta el punto de que la deuda se encuentra ya prácticamente saldada con el sector.

En la nueva televisión se incidirá en la protección del valenciano, pero no se establece como la lengua vehicular de la programación. La lengua vehicular en la ley anterior es el valenciano, si bien se apostará también por contenidos en español sin menoscabar la protección de la lengua propia y la convivencia con la misma.