À Punt recurre a una empresa externa para retransmitir el debate en Les Corts

La retransmisión en À Punt de la sesión de la Diputación Permanente en Les Corts se encuentra ya, antes de arrancar, envuelta en cierta polémica. El presidente de la institución, Enric Morera, ha autorizado la entrada a personal de la empresa Mediapro, contratada para la emisión del debate.

El problema reside en que no se pueden externalizar servicios en la cadena pública para la elaboración de contenidos informativos. La norma que regula la televisión autonómica recoge que la Corporación y sus sociedades prestadoras del servicio público «podrán contratar con terceros la producción y la edición de determinados contenidos o programas», u otros servicios audiovisuales de acuerdo con la ley y el contrato programa con el Gobierno valenciano, «con excepción de los contenidos informativos que se entienden elemento esencial del servicio público audiovisual».

El debate de la Diputación Permanente -la primera vez que se realiza hasta la fecha una retransmisión de estas características- encaja perfectamente en el ámbito de los contenidos informativos. De hecho, la decisión de emitirlo en directo se acordó debido al enorme interés de una sesión como la que comienza hoy cuando está previsto que comparezcan el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra y la consellera de Sanidad, Ana Barceló. La señal que podía ofrecer Les Corts por sus propios medios no es técnicamente aceptable para las televisiones y medios de comunicación. «De esta forma se favorece una labor esencial como es el derecho a la información», recogía la resolución firmada por Morera.

En total, son cuatro personas, entre operadores, ayudantes y realizadores. El personal comenzó ayer el montaje del dispositivo para la emisión. Fuentes de la cadena pública confirmaron el encargo a Mediapro dentro de un contrato más amplio, pero precisaron que el realizador, la persona con la responsabilidad sobre los contenidos informativos, pertenece a la casa.

La reunión del Consejo Rector que se celebró ayer abordó este asunto. Fue el consejero del PP, Vicente Cutanda, el que manifestó sus dudas respecto a la legalidad del servicio y preguntó si esa cobertura se podía catalogar como un asunto informativo. La respuesta fue afirmativa. La sorpresa del resto de consejeros obligó a improvisar una solución de urgencia, el cambio del realizador que, inicialmente, iba a ser también personal externo. Pero el hecho de que otros tres profesionales ajenos a la cadena participen en esta retransmisión cuestiona el cumplimiento de la norma.

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. A mediados de 2018, en este caso tras la denuncia del consejero de Compromís Rafa Xambó se cuestionó el acuerdo con una empresa externa que aportaba cámaras y personal al estudio de los informativos.