Punto y final a que los altos cargos del Consell puedan dar clase en la universidad

Una enmienda del PP valenciano a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2018, y que fue aprobada la semana pasada con el voto favorable de Ciudadanos y de los no adscritos, la abstención de Podemos y la oposición de PSPV y Compromís, introducirá a partir del próximo 1 de enero un sensible matiz en la actividad de los altos cargos del Gobierno valenciano -presidente, vicepresidenta, consellers, secretarios autonómicos, subsecretarios y directores generales y cargos con responsabilidad análoga en el sector público-. Desde esa fecha, los altos cargos no podrán compatibilizar su labor al frente de la administración autonómica con la prestación de actividad docente. La modificación afecta a la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, aprobada el 28 de octubre de 2016 y que el Gobierno del Botánico sacó adelante bajo la bandera de endurecer las puertas giratorias así como las condiciones en las que un alto cargo de la Administración podría realizar otro tipo de actividades mientras prestaba su labor.

La enmienda de los populares permitió suprimir el apartado tercero del artículo 7 de esa norma, dentro del apartado de 'compatibilidades'. El enunciado detalla las actividades privadas con las que sí será compatible el ejercicio del cargo público. Y aclara que una de ellas es «la realización de actividades docentes de carácter reglado, siempre que no sea en detrimento de la dedicación al ejercicio del cargo público, se realicen en régimen de dedicación a tiempo parcial y, en todo caso, con un límite no superior a las 60 horas lectivas anuales, y siempre que la retribución que se perciba no supere el 30 % que les corresponde por razón del cargo».

La enmienda aprobada en Les Corts suprime todo ese apartado -convierte en punto 3 el que en la ley actual figura como número 4-. Es decir, la prestación de esa actividad docente deja de ser compatible con el ejercicio de un cargo en la Administración. En la práctica, esa actividad venía condicionada por el teórico tope que suponía que la cantidad retribuida en esa otra labor no superara el 30% de su sueldo como alto cargo -aunque desde algunos ámbitos se considera que la ley valenciana de incompatibilidades no se ha aplicado aún al 100%-.

De hecho, el apartado suprimido hace referencia a que el ejercicio de las funciones docentes requeriría de la autorización expresa de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, un departamento que sigue siendo poco más que un proyecto de ente destinado a velar por que los miembros del Gobierno valenciano no incurran en compatibilidades ni conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

La labor a medio gas de esa Oficina afecta directamente a la efectividad de la Ley, en tanto que esa actividad docente -que algunos altos cargos prestan- debería de estar sujeta a una autorización que el PP ha solicitado en reiteradas ocasiones a la conselleria de Transparencia y a la que no se le ha dado una respuesta concreta.