Cómo explicar qué es la amnistía a tu cuñado

Amnistía. «Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores». Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua (RAE) que significa una palabra que puede decidir quién es el próximo presidente del Gobierno en España. La amnistía es lo que piden los independentistas como una de las exigencias para apoyar a Pedro Sánchez en una hipotética investidura si falla de la de Feijóo, que a su vez ha organizado una manifestación en Madrid este domingo en contra de lo que consideran que es la primera piedra para que el secesionismo consiga sus objetivos.

La amnistía es por lo tanto tan trascendental en el debate político porque la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a ser investido como presidente pasa por la postura que adopte Junts per Catalunya. Sin los votos positivos del partido de Carles Puigdemont habrá repetición electoral el 14 de enero de 2024.

La amnistía de la que tanto se habla estos días se refiere a las causas abiertas vinculadas al proceso secesionista de 2017 en Cataluña. Incluye decenas de causas y a unos 700 acusados, aunque el líder de la revuelta es Carles Puigdemont, que ha estado prófugo durante años por el temor a ser detenido al entrar en España. No obstante, el procedimiento más inmediato se dirimirá en el Tribunal de Cuentas el próximo 17 de noviembre con el juicio a 34 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos el propio Puigdemont, a quienes la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros por el desvío de dinero público para organizar el referéndum del 1-O. Mucho dinero.

El primer grupo de potenciales beneficiarios es el de los prófugos del 1-O, empezando por Puigdemont –procesado tras la derogación de la sedición por desobediencia y malversación–, que lleva seis años fugado asentado en su residencia belga de Waterloo. Junto a él, verían extinguir sus presuntas responsabilidades penales los ex consejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también huidos y procesados.

La amnistía de los sucesos que desembocaron en el 1 de octubre de 2017 también podría afectar a la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel, que estuvo fugada hasta el año pasado, cuando se presentó voluntariamente en el Supremo. Procesada por desobediencia, el alto tribunal envió su caso a la Audiencia de Barcelona.

El segundo gran grupo de hipotéticos agraciados serían los condenados por el 'procés', ya que el Gobierno les perdonó en 2021 las penas de cárcel que recibieron en 2019 por delitos de sedición y malversación, pero mantuvo vigentes sus penas de inhabilitación.

De los 12 condenados, solo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa siguen inhabilitados, ya que el Supremo extinguió las penas de inhabilitación recaídas sobre Carmen Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquín Forn tras revisar sus condenas debido a la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación. En cuanto a los otros tres sentenciados por el 1-O –Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila–, ya purgaron sus penas.

Incluso Puigdemont ha pedido en Bruselas que pretende que la amnistía cubra hasta hechos juzgados en 2013, bajo la etapa de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Precisamente, el exdirigente de PDeCAT (antigua CIU) fue inhabilitado por un delito de desobediencia por la convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña celebrada el 9 de noviembre de 2014, aunque el Gobierno la impugnó dos veces.

La amnistía es tan central en el debate político porque la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a ser investido como presidente pasa por la postura que adopte Junts per Catalunya. Sin los votos positivos del partido de Carles Puigdemont habrá repetición electoral el 14 de enero de 2024.

El Tribunal Supremo ya se prepara para responder a esa posible amnistía de la causa del 'procés' y sus múltiples derivadas penales, administrativas o contables que se tramitan en otros procedimientos surgidos tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Los magistrados esperan expectantes el texto legal que dé cobertura a estas pretensiones.

Llámese amnistía, declaración judicial especial o cualquiera otra acepción que borre los hechos delictivos que han sido y serán juzgados o que están siendo investigados en órganos judiciales y tribunales –se calcula que hay unos 700 acusados en decenas de causas–, la literalidad de la norma que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) será analizada con lupa por los magistrados del alto tribunal afectados. En concreto, por los integrantes de la Sala Segunda (Penal) o Tercera (Contencioso-Administrativo).

En cuanto a la legalidad, la deliberación sobre el encaje de esta norma le competería al Tribunal Constitucional, pero el Supremo estudirá la cuestión procedimental, ya que los siete magistrados tendrán que analizar «con detalle» el alcance que tuviera esta ley en los hechos delictivos recogidos en el sumario. Se trataría, en todo caso, de una tarea «titánica» si cubre un espacio temporal concreto, admiten las fuentes consultadas.

Con el calendario en la mano, los magistrados del Supremo consultados prevén que la hoy aún hipotética proposición de ley por vía de urgencia que apruebe el Congreso no esté publicada en el BOE hasta la segunda quincena de octubre, en plena negociación para la investidura del candidato Pedro Sánchez si se cumple la exigencia de Puigdemont de llegar a la votación con la norma aprobada.

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