Qué es «malversación» y «prevaricación»: los delitos del caso de los ERE

Los delitos de prevaricación y malversación suenan a menudo en los casos de corrupción. La Audiencia de Sevilla los considera hoy probados en el caso de los ERE de Andalucía.

Tal vez sea el más conocido el delito de malversación, contemplado en el Código Penal, artículos 432, 433, 434 y 435. También conocido como desfalco, se trata de la sustracción o uso indebido de fondos públicos por parte de un funcionario o alto cargo público en el desempeño de sus funciones.

Según el mismo documento jurídico, el delito de malversación enfrenta penas de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

En cuanto a la prevaricación, se trata de un concepto más completo, definido en los artículos 404, 405 y 406 del Código Penal. Se refiere a «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo». También se considera delito de prevaricación proponer o nombrar para un determinado cargo público a cualquier persona «sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello».

En definitiva, se trata de una forma de abuso de poder mediante la cual un funcionario o alto cargo público desobedece sus obligaciones con la ciudadanía, y toma decisiones sin atender a la normativa o la legalidad vigentes.

Este delito se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años, o con una multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años, en caso de nombramientos de cargos públicos al margen de la legalidad.