Rafael Blasco vuelve a la cárcel

La Audiencia ha rechazado la petición del político de sustituir el castigo por trabajos en beneficio de la comunidad, solicitud que contaba incluso con el aval de la Fiscalía. Sin embargo, la Sala recuerda lo «irónico» que resulta que un condenado por malversar caudales públicos, un delito que perjudica de forma directa a la sociedad, pretenda ahora efectuar esta labor social.

En el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia, se reprocha las maniobras dilatorias articuladas por su defensa para retrasar al máximo el ingreso en la cárcel. Rafael Blasco ya cumplió en su momento seis años de cárcel por la condena de la primera pieza del caso Cooperación, el desvío de dinero destinado al Tercer Mundo para la compra de pisos en Valencia por parte de una ONG.

En las piezas 2 y 3, en cambio, se le impuso un año y medio de prisión. No se le puede condenar a más pena por el hecho de enjuiciar los hechos en piezas separadas. Eso sería un elemento perjudicial para el condenado. Es decir, el límite estaría en ocho años de cárcel en total por el delito de malversación. «Que se hable de un año y medio supone haber aplicado las minoraciones correspondientes. Nada más», explican los magistrados.

El citado auto reprocha al exconseller que no ingresara voluntariamente en prisión en el periodo voluntario de 15 días que se le concedió.

De igual modo, censura la actuación de su representación legal que ha pedido ampliaciones de plazo para el ingreso voluntario y que ha recurrido incluso decisiones que no lo admiten, recoge la resolución.

Y todo eso sin plantear hasta el último momento la posibilidad de los trabajos sociales. «Ahora parece más una petición sobrevenida que lo que persigue es evitar el ingreso en prisión», concluye la Sala.

Respecto a la edad del condenado, es una circunstancia que no debe valorar la Audiencia sino la propia prisión. Pero para ello se requiere el ingreso en la penitenciaría del penado, subraya el auto. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informaron que el exconseller acudió a la cárcel valenciana hace unas semanas.

Otras fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS subrayaron que el político ha sido calificado directamente en tercer grado, una posibilidad que se permite en penas de muy corta duración, como esta de apenas un año y medio. Esto permite que el dirigente del PP, condenado en uno de los casos más graves de corrupción de los populares en el poder, acuda únicamente a pernoctar. No dispone de medios telemáticos que le permitirían dormir en su domicilio siempre que cumpliera los horarios establecidos.

El clan Blasco no ha tenido un final de etapa pacífico. Ni mucho menos. La salida del exconseller del PP se produjo en pleno escándalo por las ayudas de Cooperación. El político, que había sido incluso síndic del PP, pasó al Grupo Mixto y se negó a devolver el acta. Luego surgieron otras piezas relacionadas con Cooperación, siempre alrededor de los tratos de favor hacia su empresario de cabecera, Augusto César Tauroni.

Su mujer, Consuelo Císcar, también sufrió un tortuoso camino judicial. Fue condenada por la gestión del IVAM que, en ocasiones, utilizó para favorecer los intereses de su hijo, el joven artista Rablaci. La exdirectora aceptó un acuerdo con la Fiscalía para beneficiarse de una rebaja de pena. Más suerte tuvo en el otro asunto judicial, la compra de obras de arte póstumas de Gerardo Rueda como si fueran auténticas. La Audiencia la absolvió.

Los problemas judiciales se han extendido incluso a los sobrinos del exconseller. Sergio Blasco, exgerente del hospital General, lideraba una trama de saqueo de fondos a través de empresas interpuestas, según el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción. Se enfrenta a 20 años de cárcel.