Rajoy deberá aclarar sus contactos con Puigdemont en el juicio del 'procés'

Mariano Rajoy deberá aclarar todos los pormenores de los contactos mantenidos con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante el proceso secesionista en Cataluña que se juzgará en el Tribunal Supremo. Para ello, la Sala aceptará la prueba pedida por acusaciones y defensas para que el exjefe del Gobierno declare como testigo y, por lo tanto, con obligación de decir verdad en la vista oral, según han confirmado fuentes jurídicas.

El motivo de la testifical de Rajoy es el cruce de misivas que mantuvo en octubre de 2017 con Puigdemont, procesado en rebeldía en el sumario del 'procés' y cuya petición de declarar por videoconferencia desde el palacete de Waterloo (Bélgica) será rechazada por el tribunal.

El primero preguntó el 11 de octubre al segundo si alguna autoridad de la Generalitat había declarado la independencia. Una aclaración, requirió el exlíder del PP, «absolutamente necesaria» para que los catalanes supieran «con certeza» si su declaración del día antes ante el Pleno del Parlament o la firma posterior de un documento redactado «en términos inequívocos, implican la declaración de independencia».

Esa carta suponía «el paso previo al procedimiento establecido en el artículo 155 de la Constitución que, en contra de lo que usted afirma, no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía». Añadía Rajoy que el orden constitucional y estatutario habían resultado «gravemente lesionados» por las actuaciones del Govern en las últimas semanas.

«El único conflicto que existe en este momento en Cataluña es un conflicto de legalidad», aseguró el expresidente del Gobierno, que advirtió a Puigdemont de que en caso de no ceder sería el «único responsable» de la aplicación de la Constitución, en referencia a la aprobación del artículo 155 (el Senado lo haría el 27 de octubre siguiente).

La respuesta de Puigdemont llegó el 19 de octubre. En un folio el procesado en rebeldía dio por bueno el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre y aseguró que suspendía el mandato popular para abrir una vía de diálogo. Sin embargo, amenazaba con llevar al Parlament la declaración formal de independencia «que no se votó el 10 de octubre» si el Gobierno persistía con la idea de aplicar el 155.

La cuerda se tensó los días siguientes, Puigdemont desechó la convocatoria anticipada de elecciones, tal y como le pidieron líderes políticos como el lehendakari Iñigo Urkullu -su testifical también ha sido pedida por las defensas- y el 27 de octubre llevó la moción secesionista al Parlament incumpliendo las advertencias del Tribunal Constitucional. Horas después de su aprobación, el Senado sacó adelante el 155.