La UCO rastrea un cheque de 30.000 euros para el call center

La investigación del amaño del call center de la Diputación de Valencia sigue generando novedades. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comprobado a través de la consulta de datos bancarios que el suegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, el empresario Mariano López, recibió cuatro transferencias de la sociedad Servimun, la firma que resultó beneficiaria del centro de atención telefónica de la Corporación provincial. El importe de la adjudicación superó los dos millones.

La Guardia Civil sospecha desde el inicio de las pesquisas que esos pagos de Servimun no responden a servicios reales por parte del suegro de Benavent sino que supondría el abono de comisiones por la supuesta mediación para que la sociedad obtuviera este servicio, cometido que, por otra parte, nunca cumplió con eficiencia. En el concepto de las transferencia analizadas tan sólo aparece el nombre del beneficiario, sin más detalles. En total, unos 16.000 euros, según la información que maneja el juzgado tras la recopilación de datos de la Benemérita.

En otro informe anterior, la UCO ya alertaba de la mercantil Técnicas Legales Administrativas, cuya administradora es María Concepción Torregrosa, hermana de la esposa de López Sancho. La empresa recibió cerca de 145.000 euros de Servimun por servicios que hasta la fecha no se han demostrado como reales. Otro dato relevante para los investigadores consiste en que la sociedad casualmente se crea el mismo año que Servimun se hace con el centro de atención telefónica.

Además, tras la comprobación de los datos bancarios, los especialistas de la Guardia Civil se han encontrado con el ingreso de un cheque de 30.000 euros del que resulta imposible acreditar su procedencia, pero que podría guardar relación con los pagos de Imelsa a la firma beneficiada con el call center.

El juez ha ordenado al banco en el que Servimun tenía la cuenta investigada que facilite toda la información a los agentes de la Guardia Civil con el objetivo de completar las pesquisas. La investigación, por el momento, no ha podido acreditar que el contrato para la prestación del servicio se amañara a favor de la sociedad Servimun. Pero las sospechas acerca de irregularidades siguen en aumento.

La causa judicial sobre el centro telefónico de la Diputación de Valencia comprende una de las piezas separadas del caso Imelsa, en la que Alfonso Rus, expresidente de la Corporación, aparece como supuesto cabecilla de una trama de corrupción.