Los rebrotes reavivan la vuelta al teletrabajo de funcionarios

El Consell legisla a marchas forzadas para tratar de contener una segunda oleada de coronavirus en la Comunitat. Al decreto ley que da al Ejecutivo valenciano base legal para ejercer la potestad sancionadora a los particulares y negocios que incumplan las normas de prevención contra la pandemia y el aviso de la Conselleria de Igualdad de que las residencias de mayores no volverá a la nueva normalidad por el momento, se suma de nuevo el debate sobre la situación en la que quedarán los empleados y empleadas públicos de la Admimistración autonómica.

Ayer, la portavoz del Consell y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, reconoció que «es probable que se vayan a producir cambios en todos los departamentos» del Gobierno para adaptar la situación de rebrotes al empleo público. Una batalla administrativa que se lleva librando semanas en el seno del Consell para tratar de frenar la reincorporación del 100% de la plantilla pública a las oficinas, de manera presencial.

Sin embargo, ayer, desde la Conselleria de Justicia, donde residen las competencias de Función Pública, reconocieron que no hay ningún cambio previsto en este aspecto que el Consell reguló el pasado junio, con la caída del estado de alarma y remitieron al resto de departamentos al decreto de 2016 en el que la Generalitat aprobó la implantación del teletrabajo si se cumplían determinadas condiciones, y a través de la presentación de un plan que debe aprobar Función Pública. Eso sí, las mismas fuentes reconocieron que ninguna conselleria ha enviado de momento ningún plan.

Aunque, la Conselleria de Economía sí ha registrado ya su plan piloto de teletrabajo y Agricultura lo hará en los próximos días, para tratar de implantar el teletrabajo para sus plantillas con un máximo de tres jornadas de manera no presencial y hasta que finalice la alerta sanitaria.

En el caso de Economía, el plan de teletrabajo elaborado por el departamento que dirige Rafael Climent ha contado con el acuerdo de los principales sindicatos (UGT, CSIF e Intersindical) y sólo CCOO se ha quedado al margen. Aunque por el momento, las cuatro consellerias que gestiona Compromís ya han manifestado su voluntad de compatibilizar la presencialidad y el trabajo a distancia, sobre todo después de los numerosos casos y contagios de familiares y amigos que se vienen produciendo entre el personal público.

La próxima semana, con total seguridad, se deben producir avances en esta materia para decidir si las consellerias que preparen su plan pueden acogerse al trabajo no presencial, aunque en principio el decreto de teletrabajo aún no está desarrollado mediante reglamento.

Por otra parte, el pleno acordó también introducir deducciones en el tramo autonómico del IRPF a la tributación de las ayudas concedidas con motivo de la Covid-19, como a trabajadores con rentas bajas en expediente de regulación temporal de empleo y por reducción de jornada, así como a quienes hayan hecho donaciones dinerarias o en especie para investigar el virus. Las deducciones, que tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020, buscan compensar lo que los beneficiarios de estas ayudas o donantes tienen que tributar de más por su percepción.