Reclaman ocho años de cárcel a dos exalcaldes de Buñol por la venta de entradas en la Tomatina

La polémica por la externalización de la venta de entradas para La Tomatina terminará finalmente en un juicio. Dos cargos públicos,Joaquín Masmano Palmer, ex alcalde del Ayuntamiento de Buñol y Rafael Pérez Gil, quien también fue primer edil aparte de ser el presunto responsable de esa adjudicación, se enfrentan a ocho años de prisión por un delito de malversación. Esta es la petición de la acusación particular, una de las mercantiles que se considera perjudicada por la actuación de los responsables municipales. El PP, en su día, también se sumó a la querella. Por el momento, todavía no se conoce el escrito de acusación del ministerio público. Los dos dirigentes acusados pertenecían a Esquerra Unida.

La investigación judicial de este asunto no ha estado exenta de vaivenes. En su día, el juzgado de Requena que instruía el caso dio carpetazo a las pesquisas al no apreciar indicios de delito. La Audiencia corrigió esta decisión y subrayó que en el propio auto de sobreseimiento ya se reconocía la existencia del elemento objetivo de la prevaricación, es decir, la adjudicación «de forma arbitraria» a una empresa privada de la venta de entradas. La Sala, no obstante, sí limitó el número de posibles responsables. Tras el regreso de la causa al juzgado, la titular dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado, resolución que equivale al procesamiento de otro tipo de procedimientos.

Los hechos se remontan a 2013. Entonces, los acusados suscribieron un contrato de cesión exclusiva de la distribución comercial de las entradas de la Tomatina, según el escrito de calificación. La duración era de dos años, aunque existía la posibilidad de prórroga para los años 2015 y 2016. La acusación particular relata que la empresa a la que se le adjudicó la venta de abonos «carecía» de experiencia en ese sector. De hecho, una semana después de la firma tuvo que ampliar su objeto social para incluir, en cierta medida, la actividad que iba a desarrollar. Además, se hizo por procedimiento urgente cuando faltaba medio año para el evento. El PP ya denunció estas irregularidades en diferentes plenos municipales.

No sólo una condena por prevaricación amenaza a los dos altos cargos. La acusación, que ejerce el letrado Carlos Barbas, mantiene que también se cometió una malversación. La empresa sacaba a la venta 15.000 entradas a un precio de 10 euros. Además, existían 200 abonos VIP a un coste de 150 euros. En total, 180.000 euros de ingresos. De esa cantidad, la mercantil se quedaba el 15% (27.000 euros más IVA) como pago por sus servicios de intermediación. En primer lugar, en los años iniciales no se especifica el número total de entradas vendidas por parte del distribuidor y se ignora el destino de los ingresos obtenido por las entradas VIP.

El escrito sostiene que el Ayuntamiento no ingresó todo el dinero que le correspondía por las entradas de mayor importe. Además, la sospecha es que cada año se vendían mayor número de tickets y no sólo lo hacía la empresa ahora bajo sospecha (Ragagestión) sino que el Ayuntamiento tiene registradas otras entradas de dinero de otras firmas pese a que en el contrato inicial otorgaba la exclusividad. Sólo en dos ediciones, la de 2015 y 2016, el Consistorio dejó de ingresar cerca de 100.000 euros.

El abogado considera que los hechos constituyen un delito de prevaricación y otro continuado de malversación. Este último es el que está castigado con penas de prisión. Además, considera que los acusados deben devolver al Ayuntamiento los cerca de 100.000 euros supuestamente desviados.