¿Qué recorrido judicial tiene la posible imputación de Oltra?

Por esa situación han pasado ya desde hace años numerosos políticos valencianos. En su día, varios diputados, consellers y hasta el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Nombres como el del popular Rafael Blasco, o la exconselleria Milagrosa Martínez, en su día, fueron juzgados por el TSJ en su condición de aforados.

La figura de los aforados vuelve recurrentemente a la escena política valenciana, cada vez que un miembro del Consell o diputado autonómico se ve envuelto en algún tipo de problema judicial relacionado o no con el ejercicio de su cargo. En el caso de la política, tanto los 99 diputados autonómicos como todos los miembros del Consell (sean o no parlamentarios) gozan de un derecho estrechamente relacionado con su puesto, al que en ningún caso pueden renunciar si no dejan directamente su cargo.

El aforamiento de los políticos valencianos está recogido en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat. No sucede así con el resto de administraciones valencianas (ayuntamiento y diputaciones), ni con los cargos de los organismos estatutarios como la Sindicatura de Greuges, Sindicatura de Comptes o los diferentes consejos consultivos. Si alguno de los que gozan del aforamiento por el ejercicio de su cargo quiere dejar de serlo, su única opción pasa por dimitir de su puesto de diputado autonómico o conseller.

Los cargos que se encuentran actualmente bajo el paraguas del aforamiento, como sucede con la vicepresidenta de la Generalitat y diputada autonómica, Mónica Oltra, tienen reconocido el derecho para ser juzgados por un tribunal diferente al ordinario. En el caso de los cargos de la Comunitat deben ser enjuiciados por los Tribunales Superiores de Justicia. En el caso de políticos, el aforamiento sirve para juzgar cualquier tipo de delito, sea cometido a título personal o en el ejercicio de su cargo. Los aforados, además, no pueden ser detenidos pero, por contra, al ser juzgados directamente por un tribunal superior, pierden el derecho del resto de personas a recurrir ante un tribunal superior en caso de que el veredicto del juzgado de primera instancia le haya sido desfavorable. En el pasado se creó esta figura para evitar las presiones políticas a las que podía verse sometido un tribunal ordinario en un juicio a un cargo público y se optó por los tribunales superiores para garantizar la independencia.