Los recortes agrietan el discurso reivindicativo del nuevo Botánico

El nuevo curso político se ha estrenado en la Comunitat con el amago de una pinza política de PP y Compromís sobre el PSPV. El anuncio de la Generalitat de que tendría que acometer recortes por valor de al menos 438 millones de euros como consecuencia de la caída de sus ingresos ha permitido comprobar la creciente beligerancia de los nacionalistas, deseosos de marcar distancias con los socialistas, y que se suma a la posición de fuerza del partido de Isabel Bonig en un debate en el que la vaguedad de la posición de Pedro Sánchez -que sigue sin comprometerse con la reforma del sistema de financiación autonómica- le permite acorralar a Ximo Puig.

Con un horizonte que puede venir marcado en las próximas fechas por una nueva convocatoria de elecciones generales, nacionalistas y populares tratan de que el coste político de esos recortes recaiga en exclusiva sobre los hombros del PSPV. En todo caso, el tijeretazo que se cierne sobre las cuentas autonómicas, que según algunas fuentes podría alcanzar los 1.000 millones de euros, agrieta el discurso reivindicativo de socialistas y Compromís frente al Ejecutivo central.

La prórroga de los presupuestos del Estado de 2018, la constatación de que los ingresos provenientes del Ejecutivo central no llegarían y el propio incremento del gasto asumido tras las autonómicas convierten en irrealizable el presupuesto de la Generalitat de 2019. La caída de los ingresos, el aumento de los gastos y los primeros síntomas de enfriamiento económico se han convertido en un cóctel insostenible para las arcas autonómicas.

El análisis de la situación financiera viene a ser ese. Lo que ha ocurrido después, las maniobras políticas que corren en paralelo, guardan una estrecha relación con la posible convocatoria de elecciones generales. La respuesta negativa de Podemos a la última oferta del PSOE de Pedro Sánchez acerca más que nunca la posibilidad de una repetición de elecciones generales. Se agotan los plazos y cada vez son más lo que piensan que Pedro Sánchez disolverá el 23 de septiembre las Cortes Generales para que las nuevas elecciones (las cuartas generales en cuatro años) se celebren el 10 de noviembre.

Con ese escenario condicionando el debate político, Compromís y PP han puesto proa esta semana contra Puig por los al menos 438 millones de euros de recortes que pretende llevar a cabo el Consell del Botánico. Las explicaciones ofrecidas por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, detallando las razones económicas que obligaban a efectuar las retenciones de crédito no han contentado a la formación que lidera Mónica Oltra ni tampoco a los populares. Entre otros motivos porque la prórroga de los PGE de 2018 debería afectar a todas las autonomías por igual, y no ha sido el caso.

La postura de fuerza de los nacionalistas, que ha acabado obligando a Ximo Puig a retrasar la aprobación del decreto con esos ajustes -prevista inicialmente para este pasado viernes- encaja con el discurso de la formación de Oltra. A Compromís se le achacó durante la pasada legislatura que su presencia en el Congreso de los Diputados, con cuatro parlamentarios, no sirviera para ejercer una presión real que permitiera mejorar las cuentas autonómicas. Joan Baldoví ha encabezado un año tras otro las clasificaciones de diputados mejor valorados. Pero la realidad de las urnas en los últimos comicios redujo a un único parlamentario la representación de los nacionalistas en la Cámara Baja.

El partido de Oltra ha optado, en este debate sobre los recortes del Consell, por marcar distancias con la conselleria de Hacienda. Los nacionalistas -aún con el resquemor del adelanto electoral autonómico que les perjudicó en las urnas- están decididos a que el coste político de una decisión de este tipo reper

cuta en el PSPV. Si no en exclusiva, si en su mayor parte. Si el problema viene generado por la falta de fondos provenientes de la Administración del Estado, que sea el Gobierno en funciones, que preside el socialista Pedro Sánchez, el que mueva ficha. Y de paso, que sean los socialistas valencianos los que admitan que es su partido el que obliga a adoptar esas medidas.

No con tanta claridad, pero así pudo concluirse, se lo trasladó la propia Oltra a Soler en la reunión que mantuvieron en la sede de la vicepresidencia. Ni los recortes tenían que asumirse porque sí, ni tenían que ser en ningún caso la primera opción. «Que los asuma quien obliga a adoptarlos», vino a decirse en la formación nacionalista.

De manera que el foco pasó de las retenciones de crédito obligadas por la caída de ingresos a la discusión sobre los motivos por los que el Ejecutivo central mantenía congelados los ingresos correspondientes a las entregas a cuenta del modelo de financiación del ejercicio 2019, pero actualizadas a la recaudación real y que se cifran en 450 millones, así como el pago de la parte autonómica de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno anterior se quedó y que asciende a 280 millones de euros. Un total de 730 millones de euros, bastante más de los 438 millones de ajustes anunciados.

El movimiento obtuvo sus efectos. Presidencia de la Generalitat anunciaba apenas un día después una reunión el próximo martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigirle el desbloqueo de esos fondos. Una cita que, no obstante, no impedirá que el Gobierno valenciano tenga que acometer los recortes anunciados, según aclaró Presidencia del Consell.

De manera que ni la reunión pasado mañana con la ministra ni la decisión del conseller Vicent Soler de dejar su escaño en Les Corts han modificado ni un ápice el resultado final de este debate. El Gobierno valenciano aprobará en los próximos días un tijeretazo de sus cuentas que congelará una parte sustancial de su gasto ante la evidencia de que los ingresos que deberían de sustentarlo no llegarán.

Ninguno de los socios del nuevo Botánico ha puesto en cuestión la argumentación para justificar los recortes. Compromís, es verdad, puso el acento en la necesidad de 'apretar' a Madrid, de adoptar un tono más reivindicativo antes de acabar asumiendo esos ajustes. Una maniobra de distracción, que no oculta que el discurso reivindicativo exhibido ante el Gobierno de Mariano Rajoy, las críticas a Cristóbal Montoro e incluso las manifestaciones en la calle para exigir una reforma del sistema de financiación, finalizaron el mismo día que una moción de censura llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Ese tono reivindicativo, ese nivel de exigencia por una situación objetivamente injusta -el modelo de financiación lleva prorrogado desde el 1 de enero de 2014- que se mantuvo durante buena parte de la pasada legislatura, ha dejado paso ahora a unos recortes que dejan en evidencia la alegría con la que el Botánico incorporaba en sus presupuestos ingresos que no se sostenían en nada -como los famosos 1.300 millones ficticios de la reforma de la financiación- o que se fundaban en una recuperación de la actividad económica que, a estas alturas, está más que cuestionada.

Los resultados de la reunión con la ministra Montero serán los que marquen la capacidad del presidente Puig para hacerse oír en Madrid. Lograr los fondos que el Ejecutivo central mantiene retenidos -o al menos desbloquearlos-, evitar las retenciones de crédito anunciadas, y lograr algún tipo de compromiso vinculado a los plazos para la reforma del sistema de financiación, serían el resultado idóneo.