El PP recurre ante el Constitucional el polémico decreto de tanteo de Dalmau

El PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso al decreto del Consell para la ampliación de vivienda pública mediante el derecho de tanteo y retracto al considerar que invade competencias exclusivas del Estado y significa la «expropiación de un derecho fundamental» como es la propiedad privada.

Así lo anunciaron ayer el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Maroto señaló que el decreto constituye «una decisión arbitraria» del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra que «atenta contra la propiedad privada» y aseveró que «cada vez que los socialistas, Podemos y Compromís van de la mano siempre se ataca la propiedad privada de la gente». El dirigente popular reclamó a Puig y Oltra que dediquen «la mitad del tiempo que gastan en ocurrencias contra la propiedad privada a perseguir a los okupas que están tan ricamente riéndose de toda la gente que ha comprado casas de forma honrada con sus ahorros y trabajo.

El decreto ley del Consell para la ampliación del parque público de vivienda mediante los derechos de tanteo y retracto fue presentado por el responsable del departamento, el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, como una herramienta para luchar contra los fondos buitre y para incrementar las viviendas de promoción pública y destinarlas a aquellos sectores con situaciones de emergencia habitacional. Un objetivo noble que, sin embargo, incorporaba una redacción que a juicio de los sectores implicados genera una amplia inseguridad jurídica, revela la voluntad intervencionista del dirigente de Podemos y provoca un evidente parón en las operaciones de compra-venta de pisos, que se suma al provocado por la pandemia.

El artículo 10 de la norma, el que hace referencia a la «Titularidad, competencia y transmisiones de viviendas sujetas a los derechos de adquisición preferente» es el que genera más dudas. Entre otras razones porque se alude a «transmisiones singulares», por lo que amplia su ámbito de actuación a viviendas libres. No sólo eso, los apartados tercero y cuarto de ese artículo refieren a transmisiones de edificios o grupos de viviendas «aun cuando dicha operación se realice mediante la venta de acciones o participaciones sociales de mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria». Es decir, un escenario con el que la administración se reserva la posibilidad de intervenir en la actividad y la capacidad de organizarse de las propias empresas.

Maroto remarcó ayer que «cualquier persona que quiera vender una casa podrá elegir a quién se la quiere vender, no tiene que venir ni el dedo de Oltra ni el de Puig a decirle quién es el comprador». «La intervención y el ataque a la propiedad privada no va con el PP», reafirmó.

Por su parte, Bonig señaló que con este decreto de tanteo y retracto «la administración puede quedarse con viviendas libres y protegidas durante toda la vida y que hayan sido adquiridas por una ejecución hipotecaria, dación en pago o un reconocimiento extrajudicial». Supone, advirtió, «la expropiación de un derecho fundamental, la propiedad, y es inconstitucional porque invade competencias que son del Estado en exclusiva».

«Además, no solo afecta a las compraventas de inmuebles, también a la venta de acciones e inmuebles adscritas a actividades económicas. Supone burocratizar, paralizar inversión, no dar seguridad jurídica a los inversores y condenar a aquellos que quieren comprar y vender a estar supeditados a que la Generalitat tenga a bien ejercer su derecho al tanteo y retracto», zanjó.