La reforma judicial que propone Sánchez cuestiona una década de estrategia del PSPV

El contexto, no obstante, siempre es un elemento importante cuando se anuncian novedades de este tipo. Y esta se produce en un contexto donde las causas judiciales comienzan a lastrar la acción del Ejecutivo. La esposa de Sánchez y el hermano del presidente, por ejemplo, se encuentran ahora imputados por sendas investigaciones.

La reforma que plantea el Gobierno incluye una posibilidad que, en definitiva, ha sido una de las estrategias judiciales del PSPV. También de otros partidos de la izquierda. Incluso del PP y de Vox ( caso Oltra) en los últimos años. De hecho, el PSPV contaba incluso con abogados de 'cabecera' para llevar adelante este tipo de procedimientos. Todo comenzó, o al menos fue más intenso con el caso Gürtel, la acusación contra Francisco Camps por el regalo de unos trajes abonados por la trama de Francisco Correa. Ejerció la acusación el abogado fetiche del partido, el penalista Virgilio Latorre. Y eso pese a que la organización socialista tenía una enorme deuda con el citado despacho, algo más de medio millón de euros.

El partido fracasó en su intento de condena al entonces expresidente -fue absuelto por un jurado popular- y tampoco consiguió que el Tribunal Supremo revocara el fallo. Los últimos coletazos de esta macrocausa se mantienen todavía hoy con la última pieza del caso, las adjudicaciones de la pieza V. La Fiscalía ha desistido en su intento de recurrir la sentencia que absolvía a Camps y otros ex altos cargos. Pero el PSVP mantiene su recurso.

Camps ha sido, sin duda, una de las figuras más perseguidas por el PSPV. Los socialistas fijaron su objetivo en la Fórmula 1. Se personaron en todas las piezas que Instrucción 2 de Valencia abrió para analizar el asunto, que si la organización del evento, que si el pago del evento con fondos públicos, que si la compra de Valmor. Todo aquello quedó en nada. Pero hubo una pertinaz acción penal del PSPV que les llevó incluso a recurrir decisiones pese al criterio en contra del fiscal del caso. En este asunto ya no estaba Latorre. El PSPV había decidido cambiar de letrado ante la abultada deuda que tenía con el primero.

El caso Nóos, los famosos seminarios deportivos de Iñaki Urdangarin en Palma de Mallorca y Valencia, fue otro de los sumarios donde trabajó el PSPV. Sandra Gómez, hoy eurodiputada y durante dos legislaturas cabeza visible en el Ayuntamiento de Valencia, fue la abogada del partido en ese caso. Acusó en solitario a Alfonso Grau y a otros dirigentes, pero la Audiencia obtuvo un sonado varapalo.

Los tiempos de Zaplana también generaron problemas judiciales, pero su figura no se vio salpicada hasta el último sumario, el más reciente, el del caso Erial. La personación en Terra Mítica supuso una fianza de cerca de 150.000 euros. Aquel asunto terminó en condena para parte de la excúpula del recinto. El objetivo de una acusación popular coincide en todos los casos: aprovechar en los medios las instrucciones judiciales.