La reforma del delito de malversación afectaría al caso Alquería y los zombies de Rus

Por un lado, el más reciente, el asunto de Alquería, que acaba de ser enjuiciado tras dos meses de interminables sesiones. La modificación del delito de malversación pretende rebajar las penas por este ilícito para aquellos supuestos en los que no exista un ánimo de lucro para los políticos, altos cargos y autoridades. El castigo se quedaría en una horquilla de seis meses a tres años. Esa es la idea, pero habrá que esperar a la redacción en concreto de esa reforma.

Porque lo nuclear es cómo quede definido el ánimo de lucro. Fuentes judiciales apuntan a que hasta ahora el Tribunal Supremo no ha limitado el concepto a un incremento del patrimonio del interesado sino que se trata de algo más extenso donde puede entrar otros motivos, como el supuesto clientelismo político que se dio en la contratación ilegal de directivos en la empresa pública Divalterra.

En el caso de Alfonso Rus y los zombies de Imelsa se aprecia con mayor claridad la ausencia de ese enriquecimiento o incluso un ánimo de lucro más extenso porque presuntamente enchufó a todo tipo de personas en Imelsa, sin una necesaria adscripción ideológica al PP.

Así pues, de entrada y siempre a expensas de cómo quede redactada la reforma, unas eventuales condenas en estos asuntos serían susceptibles de revisión por parte del órgano sentenciador.

Otros procedimientos, en cambio, no tendrían la misma suerte. Por ejemplo, la trama de Gürtel y, en especial, el juicio por el expositor de Fitur que terminó con la expresidenta de Les Corts y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, condenada a nueve años de cárcel.

La propia sentencia del TSJ reconoció que no se había beneficiado personalmente de haber actuado al margen del procedimiento administrativo para favorecer a la trama. Y todo eso teniendo en cuenta que el cohecho, recibió un reloj de lujo, no compensaba, en modo alguno, el favor prestado a la red delictiva.

Otro de los sumarios de idéntica naturaleza delictiva es el conocido como caso Cooperación, con Rafael Blasco a la cabeza de una supuesta red de desvío de dinero de fondos públicos destinados al Tercer Mundo a intereses privados. Tanto en el primer fallo como en el acuerdo de conformidad que firmó posteriormente para las otras piezas del sumario se recogía que no se había beneficiado económicamente de los hechos por los que le acusaban. Eso, en parte, siempre le sirvió al exdirigente para defenderse de las acusaciones y atribuir todo esto, la condena, a un fallo en el proceso administrativo más que a un intento por quedarse el dinero.

Esa reforma no tendría impacto en otro de los grandes sumarios de corrupción de las últimas décadas, el caso Emarsa. El mayor caso de corrupción de acuerdo a la cantidad de dinero malversado, superior a los 20 millones de euros. El plan, cimentado en el cobro de un excedente por el tratamiento de los lodos, permitió a cuatro directivos enriquecerse personalmente. Todos están en prisión.