El reglamento de la ley de Concordia, una puerta al pacto de Gobierno y Consell

El texto, similar a otros aprobados por los gobiernos de coalición de estos dos partidos en otras CCAA antes de que la formación que lidera Santiago Abascal decidiera romper esos pactos fue objeto de reproche por parte del Gobierno incluso antes de que el texto llegara a ver la luz. «Se recurrirá en el Tribunal Constitucional», avanzó la ministra Diana Morant nada más ser elegida secretaria general del PSPV. La ONU también ha puesto el foco sobre estos textos: Sobre el texto valenciano se lamentaba que disolviera «todas las comisiones, los organismos y las instituciones autonómicas de carácter público» que se crearon por la ley autonómica de memoria democrática, y que previera que los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, serán suprimidos de manera automática, a excepción de las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas«.

La ley está aprobada... pero el reglamento no. Y el reglamento puede resultar determinante a la hora de medir la aplicación de la ley. El Gobierno valenciano está dispuesto a dialogar con el Ejecutivo central. «Voluntad permanente de diálogo», se explica. Eso sí, un diálogo que no venga de la mano del recurso del Gobierno de Pedro Sánchez ante el Constitucional. «Con pistolas en la mesa no se negocia», se señala. La Cadena Ser aseguraba este martes que la intención del Ejecutivo central pasa por recurrir ante el TC este próximo mes de octubre la ley valenciana si es que con anterioridad no logra que el Consell de Mazón la retire. De hecho, en septiembre está previsto que Gobierno y Generalitat se reúnan para acercar posiciones. Será un encuentro a nivel técnico para analizar si encaja o no la ley valenciana en el ordenamiento español.

¿Y modificar la ley? Las fuentes consultadas por este diario sostiene que ese planteamiento, que algunos medios de comunicación próximos al Ejecutivo central han puesto sobre la mesa en las últimas fechas, no es el que cabe utilizar en la Comunitat. El Gobierno valenciano está más por la labor de llegar a acuerdos con el Ejecutivo central de manera que el reglamento de aplicación de la ley ajuste su contenido con el objetivo de que no quepa discusión sobre su ajuste legal.

De hecho, desde el Gobierno valenciano se subraya que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no tendría fácil un eventual recurso contra la ley de Concordia valenciana. Entre otras razones porque uno de los aspectos por los que ese texto fue más objeto de reproche por parte de PSPV y Compromís fue el de señalar que se equiparaban las víctimas de la segunda república con las de la guerra civil y la dictadura. Porque la ley de Memoria democrática aprobada por el Botánico en 2017 hacía exactamente lo mismo.

De hecho, en el artículo 3 de esa ley, se entendía por Memoria democrática valenciana «la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha de los valencianos y valencianas por sus derechos y libertades democráticas en el período que abarca desde la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana el 10 de julio de 1982».

No obstante, la misma ley atribuía la condición de víctima únicamente a las personas que, en el territorio de la actual Comunitat Valenciana, «hayan sufrido daños individual o colectivamente, inclusive lesiones físicas o mentales (...) durante el período que abarca la guerra civil y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978».