«Rehacer una sección entera no es una corrección de errores»

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València y expresidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, considera que la corrección de errores con la que el Gobierno valenciano ha formalizado un amplio cambio en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2021 no puede ser considerado de esta forma y debería de obligar al Ejecutivo autonómico a aprobar de nuevo el texto para remitirlo al Parlamento valenciano. En declaraciones a este diario, Garrido recordó que una corrección de errores «es rectificar alguna palabra o cifra, retocar un párrafo». El texto remitido el miércoles por el Consell al Parlamento valenciano consta de 200 páginas y modifica los 11 programas presupuestarios de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. «Eso no es una corrección de errores», insistió Garrido.

El catedrático valenciano consideró que lo que ha hecho el Gobierno valenciano es «rehacer» el texto remitido a la Cámara. ¿Y puede una conselleria sin más –el escrito lo presentó en Les Corts el departamento que dirige Vicent Soler– cambiar un texto aprobado en sesión plenaria por el Ejecutivo? La respuesta es negativa. «Debería volver a aprobarse por el pleno del Consell», consideró Garrido, que subrayó que cualquier grupo parlamentario podría solicitar ante la Mesa de Les Corts que no se tenga por admitida la corrección de errores presentada, al no responder el escrito a la definición de ese concepto, y forzar al Consell a volver a aprobar en una sesión plenaria el texto aprobado. «La corrección de errores supone presentar un texto nuevo, y por tanto como tal no podría admitirse», señaló.

Letrado de Les Corts

El criterio de Garrido viene a coincidir con el artículo de un letrado de Les Corts, Juan Antonio Martínez Corral, que bajo el titulo «Los errores en la redacción y la publicación de las leyes: formas de corregirlos y su incidencia sobre la entrada en vigor de aquellas», se publicó en 2009 en la Revista Española de la Función Consultiva –que dirigía el propio Garrido–.

Martínez Corral, letrado de la comisión de Economía de Les Corts, alude al significado restrictivo que debe darse a la expresión «error en la publicación» y afirma que debe tenerse por tal no «cualquier error que afecte a una ley publicada, sino tan sólo aquel que se ha producido en esta última fase del procedimiento. Supone que el texto de la ley que ha sido remitido al Boletín Oficial del Estado es el correcto y que el defecto se ha ocasionado en el momento de su reproducción material».

En el mismo sentido, este letrado relata lo ocurrido con la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2006, y una corrección de errores que afectaba a la Ley de Ordenación del Territorio. La Mesa de Les Corts decidió inadmitir esa corrección al entender que comportaba una «modificación sustancial (...) y no se adecuaba al cauce establecido para las correcciones técnicas».