El PP remite al Tribunal de Cuentas el pago doble de contratos del Cartogràfic

El Partido Popular va a llevar al Tribunal de Cuentas los pagos realizados por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) a una consultora al considerar que se ha abonado dos veces el mismo servicio. Una maniobra ejecutada por los responsables del ICV a espaldas del Registro Oficial de Contratos, como puso de manifiesto la Intervención de la Generalitat en la cuenta general del ejercicio 2017.

El Instituto, tras un proceso de adjudicación, cerró un contrato de asesoramiento contable con una empresa para cubrir el periodo que abarcaba desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017. Un servicio que se pagaría a razón de 1.190 euros al mes. De las tres presentadas, esta oferta fue la más ventajosa y por ello el organismo que preside Xavier Navarro firmó el acuerdo.

Cuatro meses después, el Instituto y la empresa rescindieron el contrato de mutuo acuerdo. De esta manera, el servicio se quedó medio año en el aire y no había una alternativa para cubrir el asesoramiento contable. La empresa contratada argumentó para resolver el contrato que hasta ese momento había incurrido en más horas de las previstas para desarrollar el trabajo. Una razón que no se sostenía ya que, como remarcó la Intervención de la Generalitat, en el contrato firmado en ningún momento se hacía referencia ni al número de horas ni a ningún importe unitario por cada una de ellas.

A pesar de que la consultora se descolgó del contrato firmado a los cuatro meses de iniciarse –era para diez meses–, el Institut Cartogràfic Valencià abonó a la empresa la totalidad del contrato. En principio sólo debería haber abonado 4.760 euros pero finalmente pagó los casi 12.000 euros del acuerdo. De esta manera, el asesoramiento pasó a ser de 2.975 euros al mes, casi el triple del contrato firmado al principio. El interventor de la Generalitat alertó de que la incidencia no fue comunicada al Registro Oficial de Contratos.

Cinco meses después de haber rescindido el contrato, el Institut Cartogràfic y la empresa volvieron a firmar un nuevo acuerdo para prestar un servicio durante noviembre y diciembre, dos mensualidades que entraban en el acuerdo inicial. Por los mismos servicios de asesoramiento contable se pagaron a 1.500 euros al mes, por lo que el total del gasto fue de 14.900 euros.

De esta manera, el Institut Cartogràfic Valencià incumplió la Ley de Contratos del Sector Público. La norma dice en su artículo 215 que el contratista queda vinculado por la oferta económica realizada y en base a la que se ha adjudicado el contrato, «en detrimento de otras ofertas económicas de mayor importe; y máxime cuando en la invitación que se realiza a las empresas para que presenten su oferta se establecía un objeto cierto (la elaboración de unos trabajos y no la prestación de un servicio de asesoría contable por horas) y ni siquiera el Institut había facilitado a los licitadores una estimación de horas que pudiera devenir errónea y justificar el error de cálculo del contratista».

La Intervención defendió que el órgano que dirige Xavier Navarro, militante del Bloc y en su día aspirante a entrar en las listas de Compromís, nunca debió aceptar la petición de la adjudicataria de resolver el contrato por un error en la estimación de las horas de trabajo, «imputable sólo al contratista». Además, en lugar de pagar la totalidad del servicio, «debió tramitarse la oportuna resolución contractual por incumplimiento del contratista».

El PP estima que se ha pagado dos veces por el mismo servicio y denuncia la ocultación por parte del Institut Cartogràfic de una decisión que se tenía que haber informado al Registro Oficial de Contratos y que está en contra de lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

A pesar de las irregularidades, en 2018 el departamento que dirige Xavier Navarro volvió a cerrar un contrato menor con la misma consultora. Desde la Intervención de la Generalitat volvieron a poner la lupa sobre el acuerdo y encontraron irregularidades que quedaron reflejadas en el informe de la cuenta general de ese ejercicio. «El Institut ha modificado el contrato menor incluyendo nuevos servicios no previstos inicialmente, lo que ha supuesto una ampliación temporal del acuerdo ya vencido y, por tanto, una prórroga del mismo, incumpliéndose la normativa sobre contratación pública», según el informe del órgano fiscalizador.