Nuevo choque entre el Parlamento de Cataluña y la justicia. Los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que debían validar la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa popular que pide a la Cámara catalana que declare unilateralmente la independencia, han cesado ... de su cargo.
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Estos tres magistrados, Francisco José Sospedra, Amparo Illán y Javier Bonet, formaban parte de la comisión de control que tenía encomendada la tarea de supervisar el proceso legal de recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular de la declaración de independencia impulsada recientemente en la Cámara catalana. Fuentes judiciales han dado a conocer este martes el acuerdo de la sala de gobierno del TSJC, que ha admitido la renuncia de los tres magistrados. La resolución judicial no detalla los argumentos esgrimidos por los jueces para renunciar a esta comisión.
Tras la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlament de la iniciativa legislativa popular, la formación extraparlamentaria Solidaritat Catalana per la Independencia, impulsora de la propuesta, tiene cuatro meses para recoger 50.000 firmas para que la DUI se debatida y votada en el hemiciclo catalán. La comisión, integrada por tres magistrados, tres catedráticos y tres juristas, no se había aún reunido ni una vez para validar la documentación necesaria para la recogida de las 50.000 firmas. La Cámara catalana, en principio, solicitará al TSJC que nombre a otros tres magistrados. Si se negaran de nuevo, se entraría en un bloqueo inédito.
La admisión a trámite de la propuesta para debatir una nueva DUI salió adelante hace poco menos de un mes con los votos en la Mesa de Junts y la CUP y la abstención de ERC. Los de Puigdemont permitieron tramitar la iniciativa a pesar de que los letrados del Parlament emitieron un informe que advertía de la inconstitucionalidad de la propuesta. Los juristas avisaban que no debe ser admitida a trámite pues «no cumple las condiciones» para ello, ya que «no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat» y «no busca la fundamentación en la Constitución o el Estatuto y pretende aprobar una 'declaración de independencia', estableciendo un procedimiento a tal efecto».
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